La situación financiera actual del Gobierno, no es ni por casualidad, parecida a la que existía hace cuatro años. Hoy en día incluso se han podido dar el “lujo” de acrecentar el saldo de los depósitos del Gobierno en el banco central por varios miles de millones de quetzales. En 2004 la situación era la opuesta. El presupuesto de 2003, que cobró vigencia al no ser aprobado el de 2004, incluía, de entrada, un déficit fiscal de 3.3 por ciento del PIB.
A lo que se le sumaba una serie de gastos no presupuestados heredados del FRG, dentro de los que destacaban el incremento salarial y la modificación al escalafón para el magisterio, así como la creación de 13 mil plazas de maestros adicionales. Lo mismo que el pago a los ex patrulleros civiles y las deudas adquiridas por el Micivi, así como el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y el incremento del presupuesto del Congreso de la República.
Todos estos se combinaba para un déficit fiscal a casi un 4.5 por ciento del PIB. Del lado de los ingresos se sumaba una disminución de ingresos cercana a los Q2 mil 500 millones, debido a la suspensión de la vigencia del IEMA por parte de la Corte de Constitucionalidad. Lo cual elevaba el potencial déficit fiscal de 2004 a niveles cercanos superiores al 6 por ciento del PIB, uno de los más altos de la historia. Déficit fiscal a todas luces inconveniente para la economía del país.
Hoy en día la situación es diametralmente distinta: los gastos “no presupuestados” heredados de la administración de la Gana no se comparan con la “herencia de Portillo”; la recaudación tributaria viene en constante mejora; la institucionalidad de la SAT ha mejorado notablemente respecto de la situación en tiempos de Portillo; la capacidad fiscalizadora de la SAT es ahora muy superior gracias a la Ley Antievasión, etcétera.
Las condiciones de 2004 demandaban una acción rápida y decidida. No podía esperarse mucho, las reformas tributarias tenían carácter de urgencia. Hoy en día no es así. No se ve por ningún lado, al menos desde esta perspectiva, razón alguna para “correr” en la aprobación de una nueva reforma tributaria. Salvo, claro está, la “eterna necesidad” de aumentar el gasto público.
Necesidad que habría que contrastar con los riesgos que se ciernen sobre la economía nacional y con la situación de bonanza que hoy las finanzas públicas. El margen de maniobra que tiene la UNE no lo tuvo la Gana, lo cual debería usar este Gobierno para actuar prudentemente ante la complicada situación que vive la economía nacional.
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