Un acierto y un gran error

Una vez, no es costumbre, pero en esta ocasión, al menos en parte, debo manifestar mi total acuerdo por la postura del Gobierno del presidente Calderón con relación a las negociaciones entre América Móvil y el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, sobre la renovación de la concesión al consorcio de Carlos Slim en Ecuador. Según el propio Correa, fue gracias a una llamada telefónica de Calderón que recibió al director de América Móvil, Daniel Hajj, quien salvó la negociación del fracaso al cuarto para las doce. La empresa española Telefónica ya había llegado a un acuerdo previo con Ecuador, renovando su concesión hasta 2023 por un costo de 220 millones de dólares, monto derivado del 26% del mercado móvil que detenta en ese país; AM ofreció 307 millones de dólares por sus tres cuartas partes del mercado, oferta que fue rechazada con indignación por el propio Correa. Correa insistió en que Slim debía pagar 480 millones de dólares, es decir la cantidad correspondiente exactamente a la de Telefónica, tomando en cuenta el market share de la empresa española. Después de la intervención de Calderón y de las negociaciones de Hajj, AM pagó 480 millones de dólares, es decir exactamente la cifra que Correa había exigido al inicio. Por tanto no estoy muy convencido de la eficacia de la intervención calderonista. Pero la intención fue la correcta: siempre he pensado que el Gobierno mexicano debe apoyar a sus “campeones nacionales” afuera y fomentar la competencia dentro.

Lástima que junto con este acierto el Gobierno haya incurrido, hace un par de semanas, en un error muy grave, también en el frente externo. Se trata de la solicitud de retiro dirigida a Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, del jefe de su oficina en México, Amerigo Incalcaterra. En los últimos días que las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, junto con el presidente de la CNDH, habían solicitado la salida de Incalcaterra debido a uno o varios de los siguientes factores: haber expresado dudas sobre las elecciones del 2006, haber respaldado el informe de Human Rights Watch sobre la CNDH, haber criticado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en una palabra, haberse vuelto a pain in the ass. El hecho es que Incalcaterra se va, según algunos a Guatemala, según otros a Sudáfrica, según otros más a Ginebra, pero con la cola entre las patas.

Ahora bien, el error del gobierno de Calderón no consiste en haberlo expulsado (puede haber motivos fundados para ello), ni siquiera en haber cambiado de política frente al UNHCHR inaugurada con la firma en Oaxaca de un convenio de apertura de sede entre Mary Robinson y Vicente Fox; el error es no avisar del cambio de política. Como se recordará, la invitación a varias decenas de relatores para que visitaran nuestro país durante la administración Fox, la realización de un programa de trabajo de derechos humanos e incluso la renovación del mismo hace apenas un mes, formaron parte de un diseño muy claro: se trataba de anclar lo más posible en el exterior la protección de los derechos humanos en México.

La idea se inscribía en la trayectoria iniciada por Felipe González en España, entre 82 y 85, buscando anclar la democracia española en la permanencia dentro de la OTAN y el ingreso a la CEE, y en la lucha fallida por incluir cláusulas de derechos humanos y de democracia en el TLC con EU y Canadá en 1992-93, así como en la inclusión de esas cláusulas en el TLC con la Unión Europea en 1999.

Calderón no tiene por qué seguir con esta inspiración, no es suya. Obviamente considera que otros temas (soberanía, no intervención, cercanía con Cuba, deslinde con Fox) son más importantes que el anclaje de los derechos humanos en México. Para eso son la alternancia y la democracia: para que los gobiernos cambien de política.

*Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México

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