Más fácil que conducir un carro

Una docena de tramitadores se agolpa de lunes a viernes en la puerta de entrada al Decam, lista para abalanzarse sobre cada visitante. “¿Viene a sacar licencia? ¿Un traspaso? ¿A recoger el título?” Los señores ofrecen todo cuanto pueden: información, fotocopias, servicios de notarios, rellenar formularios, estacionamiento.

Clientes los hay para todos. En las oficinas del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) siempre hay gente solicitando permisos para tener y portar armas de fuego. Cada mes, esa dependencia del Ministerio de la Defensa extiende un promedio de 4 mil 150 tarjetas de tenencia y 1,227 licencias de portación.

Un hombre con el brazo enyesado llegó al Decam, esta semana, para registrar una pistola que acaba de comprar. Lo asaltaron en abril, después de cambiar US$1,500 en un banco. Ya le había entregado a los tipos el dinero, la billetera y el celular, y de todos modos le dispararon frente a su esposa. La bala le deshizo los huesos del antebrazo y atravesó el abdomen. Su prominente barriga le salvó la vida, le explicaron los médicos. Pero ahora él quiere mantenerse a salvo. Además de la pistola, tiene un revólver que guardaba en la casa desde que se volvió evangélico. Pero ya no está dispuesto a seguir desarmado.

El propietario de una escopeta también esperaba en el Decam el turno para renovar su licencia de portación. Es un comerciante que traslada mercadería a Petén y se armó hace 2 años, luego que le perforaron la panel con 27 balazos para robarle los productos. Quizá la escopeta no lo libre de otro atraco, considera, pero al menos ahuyentará a los ladrones. O le servirá para repelerlos.

En los últimos 7 años, casi se duplicó la cantidad de armas de fuego legales en Guatemala. En 2001, el Decam tenía registradas 187 mil, mientras que la cifra actual es de 310 mil. El número de personas que portan un arma también se duplicó, pero en apenas 2 años.

Tener y portar un arma es un derecho establecido en la Constitución de la República. La Ley de Armas y Municiones, decretada en 1989, faculta a los guatemaltecos a tener una o más armas defensivas y deportivas, a partir de los 18 años, y portarlas desde los 25.

Sin embargo, los requisitos establecidos en esa ley son tan fáciles de cumplir, que resulta mucho menos complicado registrar y portar un arma que conducir un carro. Como si los automóviles fueran más mortales que una escopeta, un revólver o una pistola.

Comprar y registrar un arma de fuego demora, en promedio, una semana; obtener la licencia, alrededor de 15 minutos si no hay cola en el Decam. Para ninguno de los 3 trámites el solicitante debe demostrar que tiene la capacidad física y mental de manejarla y cargarla. Tampoco se le somete a un examen de la vista ni a una prueba de su conocimiento sobre la ley y las penas a las que está sometido si no la cumple.

Con la ley actual, una persona que padece de esquizofrenia o ataques de delirio, por ejemplo, puede adquirir una escopeta. Un anciano de 90 años que sufre de Parkinson o una mujer que perdió la vista pueden renovar la licencia para portar un revólver. O un hombre que nunca ha disparado tiene el derecho de comprar una pistola y cargarla en el cinto.

El 82 por ciento de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego, y el 80 por ciento de ellas no está registrada. Se calcula que en Guatemala hay dos millones de armas ilegales. En el mercado negro se consiguen desde modestas pistolas hasta fusiles y ametralladoras.

Las armas legales están involucradas en hechos violentos o delictivos en un pequeño porcentaje.

Pero lo están. Se calcula que por cada 10 armas utilizadas en homicidios, 2 eran legales. De las 38 mil armas decomisadas y resguardadas por el Decam, el 20 por ciento (7 mil 600) estaban registradas.

Diez años y ocho iniciativas

En el marco de los Acuerdos de Paz, el Gobierno guatemalteco se comprometió en 1996 a reformar la Ley de Armas y Municiones, para hacer más restrictiva la tenencia y portación en manos de los particulares. También se comprometió a descargar al Ejército la responsabilidad de controlarlas y registrarlas, y trasladársela al Ministerio de Gobernación. Nada de esto se ha concretado.

Desde 1999 se han presentado 7 iniciativas en el Congreso para reformar la ley y ninguna ha prosperado. Tan solo la que propuso el diputado Pablo Duarte en 2004 obtuvo dictamen favorable.

Pero después de 4 años y más de 80 enmiendas, la actual Comisión de Gobernación optó por descartarla y elaborar una nueva (la octava). Su contenido aún se desconoce.

En estos últimos diez años se han escuchado diversas opiniones sobre las armas de fuego.

Organizaciones como la Fundación Mirna Mack critican que la incapacidad del Estado para dar seguridad a la población propicia un “círculo perverso” que justifica la proliferación de armas a título individual, y que se agrava con la ausencia de mecanismos de control sobre su comercialización y acceso.

Por otro lado, grupos como la Asociación Constitucional Pro Derecho de Tener y Portar Armas (Actepar), promulgan que “se castigue al delincuente sin desarmar al ciudadano responsable que sí cumple con registrar su arma”. Sus integrantes se oponen a las iniciativas que propicien el crimen y dejen a los ciudadanos incapaces de defender su vida, su familia y propiedades.

David Barrientos, jefe del Decam, opina que de nada sirve limitar la tenencia de armas si los que están al margen de la ley no registran las suyas. Sin embargo, señala, el Decam está de acuerdo con que se agreguen algunos requisitos para adquirir y portar armas, como el examen psicológico y el práctico.

Dado el alto índice de homicidios cometidos con armas de fuego ilegales, las propuestas de ley llevadas al Congreso se han concentrado más en el control y sanción del mercado negro que en los requisitos para optar a armas registradas. “Pero si las armas legales no son el problema, ¿qué más da tener mejores regulaciones al respecto?”, cuestiona el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), otra organización que aboga por las reformas a la Ley de Armas.

La nueva iniciativa de ley de armas, y que se conocerá en la Comisión de Gobernación el próximo miércoles, rescató algunas de las propuestas de los últimos diez años; sin embargo, aún no se sabe cuáles. “Hemos pedido con mucha insistencia que nos den una copia para fijar nuestra posición, pero no lo han hecho”, cuenta Mariano Rayo, jefe de la bancada Unionista.

El presidente de la Comisión, Luis Enrique Mendoza Rodríguez, está fuera de Guatemala, pero por la vía telefónica explicó que no podía ahondar sobre el contenido de la nueva iniciativa. Solo adelantó que en los nuevos requisitos se exigirá el examen teórico y práctico sobre el manejo de armas, mas no el psicológico, ya que no se alcanzó el consenso por considerarse “poco objetivo”. El legislador no precisó cuántas municiones podrá comprar a la semana un portador de armas, uno de los puntos que se ha cuestionado mucho. Una enmienda al proyecto de Duarte proponía que se pudieran adquirir mil municiones cada siete días.

Mario Taracena, jefe de bancada de la UNE, anticipó que en la nueva propuesta se logró tipificar como delito el tráfico ilícito de armas, “que es donde está el mayor negocio”, lo cual se considera una batalla ganada, dado que las reformas a esta ley siempre han tocado los intereses de quienes viven del negocio de las armas.

El mismo Taracena propuso en 2005 una iniciativa que restringía más que la de Duarte la obtención de armas legales. “¿Qué es peor? ¿Una ley obsoleta o una que contenga el 80 por ciento de lo que necesita el país?”, justificó el diputado. “Al final no se va a aprobar lo que se quiere, sino lo que se pueda pasar”.

Pero si ya se han esperado 12 años desde que el Estado se comprometió a reformar la ley, la pregunta que se hace Mayda de León, analista de Iepades, es ¿qué más da esperar un poco con tal de que el país tenga la ley que necesita?

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