El martes de la semana pasada, en la Ciudad de Chiquimula, fue asesinado a balazos el fiscal Distrital, Rudy Rocael Pineda.
elEditorial
El martes de la semana pasada, en la Ciudad de Chiquimula, fue asesinado a balazos el fiscal Distrital, Rudy Rocael Pineda. Este deleznable crimen viene a sumarse a los asesinatos de otros operadores de justicia ocurridos durante los últimos días, entre los que se cuenta el del magistrado José Vidal Barillas Monzón, acaecido a mediados de este mes y del que aún no se conoce el móvil ni los autores intelectuales y materiales.
Aumentó, pues, la larga lista de operadores de justicia, testigos y víctimas que han sufrido persecución, ultrajes, agresiones, amenazas y muerte en nuestro país, en muchos casos por el simple hecho de contribuir decisivamente en la búsqueda de la verdad y a que la justicia se imparta en nuestro país.
Sin embargo, esta zozobra permanente en que viven los operadores de justicia pareciera que no es percibida por las más altas autoridades del Estado, porque para comenzar no se suministran los recursos económicos necesarios y suficientes para el fortalecimiento del Organismo Judicial y de las demás instituciones del sector justicia (Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario) ni por consiguiente, los requeridos para proteger la vida, la integridad física y la seguridad de los operadores de justicia y de sus familias.
El grueso de los recursos estatales está destinado a la acción política del Gobierno y no a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la sociedad guatemalteca, específicamente la justicia y la seguridad, lo que es considerado como un crimen de lesa humanidad. En nuestra opinión, la muerte de un operador de justicia es una tremenda pérdida, porque desmoraliza a todos los restantes operadores de justicia, y agiganta la psicosis y el temor en que vive nuestra sociedad de cara al crimen organizado y a las bandas delincuenciales.
elPeriódico repudia el execrable asesinato del fiscal Rudy Rocael Pineda, así como el del magistrado José Vidal Barillas Monzón, y los de los otros operadores de justicia que han muerto violentamente en el desempeño de sus delicados cargos. También expresa sus condolencias a las instituciones a las que sirvieron, así como a sus familias, y exige de las autoridades el pronto esclarecimiento de estos nuevos hechos de sangre que nos siguen retratando como un país violento e irredento.
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2 comentarios:
Jorge Velásquez: (2008-05-27 14:39:31 horas)
Muy bien sr. López Cu, nada más que agregar, solo enfatizar: siempre los mismos, siempre los mismos... sector económico y prensa escrita, que tragedia.
Son parcialmente ciertas sus afirmaciones, en lo que se alejan de la verdad es que durante el gobierno de Berger el Ministerio Publico recibio fondos como nunca en su historia, quiza no lo suficiente, pero el incremento de fondos no incremento su eficiencia sino todo lo contrario.
Mientras el Ministerio Publico no aclare ni siquiera la muerte de sus propios funcionarios el mensaje que se manda a los asesinos es que pueden hacer lo que quieran sin riesgo de castigo, y esa es culpa del Fiscal General, que en mi opinion debio quedarse en el Congreso como Diputado, pues el costo de tenerlo en el MP ha sido terrible para el pais.
No son los recursos es la voluntad, el deseo y el patriotismo de entrarle a los criminales sin miedo, caracteristicas estas que no tiene florido, pues con 32 guardaespaldas a su servicio y de su familia no tiene mucho de que preocuparse.
Si esperamos que haya dinero para que hayan resultados sentemonos pues esto nunca llegara satisfactoriamente y mientras tanto los asesinatos y lnchamientos no se detendran.
Es necesario que el presidente releve ya a Florido, no importanto el apadrinamiento que el tiene del sector economico y de la prensa escrita, de lo contrario seguiremos igual por dos anos mas.
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