El pecado original en el “Affaire Congreso” es la existencia misma de los supuestos “ahorros” que se encuentran en sus manos, cuando sabido es que los recursos que se asignan a las entidades públicas y que no son utilizados por estas en el transcurso del ejercicio presupuestario para el que fueron asignados, se deben de reintegrar una vez concluido este ejercicio al fondo común, puesto que fue para este que fueron asignados, tal, en efecto, la norma general que rige en la materia. Los mentados “ahorros ”, pues, no son tales sino simples cantidades que se habrían dejado de ejecutar como una simple consecuencia de haber tenido una asignación mayor que aquella que era necesaria o de no haber tenido la capacidad de ejecutarla. Permitir que queden “ahorros” en manos de las entidades públicas, no es sino el premio a la inadecuada asignación de los recursos –es el propio Congreso quien lo hace, con la sanción del Presidente– o a la ineficiente ejecución presupuestaria.
¡Una de dos y así de claro!
Ninguno de los tres poderes del Estado es superior a otro y, sin embargo, sujeto el Organismo Ejecutivo a dicha norma, el legislativo y el judicial tienen “ahorros” o mejor dicho, recursos del ejercicio anterior presupuestados en exceso o ineficientemente ejecutados y que se permiten conservar en la cueva de los misterios, pa la mejor forma de que, finalmente, se hueven o al menos, y en el mejor de los casos, sean jineteados, consistiendo el jineteo en poner a interés el dinero ajeno, el de la entidad de que se trate, y hacerse de los intereses que produzca o al menos, de una comisión por colocarlo. Lo más absurdo de estos supuestos “ahorros”, y que desvirtúa lo más elemental de una técnica presupuestaria, es que no resulta concebible que, en tanto puedan faltar recursos para programas tales como el combate a la desnutrición, por ejemplo, puedan existir “ahorros”, recursos ociosos, en entidades del Estado. Cantidades que se tienen guardadas ¡a saber para qué! ¿Puede usted imaginarlo?
No es concebible que faltando recursos para seguridad o para la administración de justicia, puedan estar estos ociosos, “ahorrados” en el Congreso o increíble paradoja, en el propio Organismo Judicial.
El Estado de Guatemala se ha convertido en una jungla en que imperan las instituciones y entidades públicas por doquier, convertidas estas en auténticos feudos, así como los “fondos” y los “ahorros” que, tarde o temprano, vienen a ser objeto de este tipo de manejos.
¿Ahorros de qué pitas? ¿De presupuestar en exceso o de la pésima ejecución presupuestaria? (Continuará y llegaremos ¿por qué no? Hasta los tuétanos. Es importante ¿no le parece?).
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