En los últimos días, la ciudadanía ha sido golpeada por los escándalos de corrupción en el Congreso, en el sistema penitenciario y en las aduanas, lo que ha puesto de manifiesto nuevamente que los recursos públicos se siguen extraviando en los bolsillos de los pícaros.
De cualquier manera, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y el control de la calidad del gasto público siguen brillando por su ausencia. Por otro lado, el sistema paralelo de gasto público (fondos sociales, fideicomisos, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Cocodes y demás), caracterizado por la discrecionalidad, el clientelismo político, el despilfarro y la opacidad, sigue viento en popa.
Asimismo, la población se ha venido percatando de la poca capacidad de ejecución presupuestaria del Gobierno, al extremo que existe un significativo superávit fiscal, es decir que los ingresos fiscales exceden por mucho los egresos, que tampoco son prioritarios ni transparentes como ya advertimos. En dos platos, el Gobierno tiene recursos ociosos y el gasto no es eficaz ni transparente.
Por cierto, cabe advertir que la incapacidad de ejecución del Gobierno ha redundado en una aguda iliquidez en el sistema financiero nacional, lo que ha venido a agravar la contracción económica que está viviendo el país. No solo se ha desatado un alza generalizada de precios de los bienes y servicios, sino que, además, hay escasez de dinero en circulación.
A los males en el sector público se han venido a sumar los efectos de la estanflación (recesión e inflación simultáneas), que se está traduciendo en retraimiento del consumo, de la inversión y del empleo, así como en una erosión constante y alarmante del poder adquisitivo (de compra) de los guatemaltecos.
Sin embargo, el Gobierno de la UNE está necio con aumentar los impuestos. De hecho, el Ministerio de Finanzas Públicas ya ha iniciado una poderosa ofensiva para que un nuevo “paquetazo tributario” sea promulgado a marchas forzadas, para contar con más recursos para gastar.
Sin duda, el aumento de impuestos en una economía deprimida, desincentiva aún más la inversión productiva, alimenta el desempleo, desestimula el consumo, promueve la emigración de mano de obra y genera fuga de capitales hacia países que ofrecen mayor seguridad y rentabilidad. Lo lógico, entonces, es que cuando una economía está deprimida se reduzca la carga tributaria y el Gobierno se apriete el cincho, como está ocurriendo en otros países. Sin embargo, en Guatemala los políticos tienen la lógica invertida.
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