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    Guatemala, lunes 16 de junio de 2008

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    OPINIÓN

    Protección al consumidor

    Mario Fuentes Destarac

    La Carta Magna prohíbe los monopolios y los privilegios.

    La inflación y la especulación derivada  de la incertidumbre económica han puesto nuevamente en la balanza el tema de la protección al consumidor, al punto que en el Congreso se está discutiendo una nueva regulación, mediante la cual se crean nuevas infracciones y se endurecen las sanciones contra los infractores.

    Sin embargo, contrario a lo que muchos tecnócratas y burócratas creen, la mejor defensa del consumidor no está en la persecución de infractores de imperativos o prohibiciones legales, sino en la competencia entre los proveedores de bienes y servicios. Cuando existe competencia, los consumidores están en capacidad de elegir y discriminar en términos de precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el engaño es fácilmente detectable. Todo depende de la exigencia del cliente. Bajo este supuesto, el consumidor es quien manda en el mercado.

    La competencia es propia de la economía de mercado, que se traduce en la asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que se origina del juego entre la oferta y la demanda.

    De conformidad con nuestra Constitución, el Estado debe proteger la economía de mercado e impedir las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores. A la vez, la Carta Magna prohíbe los monopolios y los privilegios; y, asimismo, dispone que el Estado debe impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad.

    La Constitución también establece que el Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria.

    En fin, la libre competencia, además de que goza de reconocimiento jurídico, debe observarse plenamente. Por ende, el Estado debe garantizarla, preservarla y remover los obstáculos que la limiten o imposibiliten.

    En todo caso, la experiencia dicta que el exceso de regulación en cuestión de defensa del consumidor tiende a restringir la competencia, por supuesto en detrimento del mismo consumidor.

    Los requisitos y los imperativos legales son tan numerosos, complejos y costosos que solamente uno o unos pocos pueden cumplirlos. En dos platos, las normas se convierten en barreras de entrada para oferentes más eficientes y competitivos. Lo anterior, sin perjuicio de la discrecionalidad en su aplicación, que generalmente degenera en corrupción.

    Mario Fuentes Destarac

    15 junio 2008

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