Estamos presenciando impávidos la nueva arista de la corrupción que sale a luz dentro de los mismísimos dirigentes de un organismo de Estado que, por el contrario, debiera ser el centro ejemplar del respeto a la ley. Estamos presenciando otra fase más que demuestra que el ciudadano guatemalteco elige, en muchos casos, a los más avezados farsantes, que tienen a la institución y a las leyes como rehenes o parapetos para que los más influyentes utilicen los fondos del presupuesto para beneficio de su riqueza personal.
Las redes del saqueo se dan a conocer. Cada día se devela uno más de sus nudos y, por fin, después de décadas de utilizarlas en las instituciones que debieran representar la fortaleza del Estado de Guatemala, se desnudan de arriba abajo enseñándonos que para saquear se necesita más que el malsano deseo de un implicado. El caso Meyer es ejemplar para que los analistas políticos comenten acerca de las estructuras de la corrupción en esos lugares. Están implicados: dos presidentes del Congreso, un asesor de Presidencia, un secretario, el contador, el tesorero y los contralores delegados permanentes de la Contraloría General de Cuentas. Y sin lugar a dudas, están implicados porque hechor y consentidor deben tener la misma responsabilidad.
Desde otra perspectiva, lo que no se debe perder de vista es el papel de la casa de bolsa que, si fuera tan limpia, como dice ser, eso de repartir comisiones personales a diputados que jinetean fondos estatales no es correcto, aunque talvez legal. Su abogado, por coincidencia, también ha sido asesor en comisiones del Congreso y fungía como asesor de ese organismo mientras se efectuaban las inversiones. Aunque Pérez Molina ha probado que se trató de un préstamo, como político de primera línea debiera saber, aunque fuere muy amigo de los representantes, que las casas de bolsa no están autorizadas legalmente para facilitar préstamos. Si así fuere, es recomendable que cuide más su imagen, ya que no se trata del único caso en que lo implican en situaciones no muy claras. Todo en el Congreso, apesta.
Al funcionamiento de esa red habría que agregarle que las redes del narcotráfico tienen siempre el apoyo de empleados gubernamentales en oficinas de aeronáutica, las fronteras, aduanas, los cuerpos policíacos y uno que otro lobista militar que le facilita el paso sin ser perseguidos por mar y tierra. A éstas le agregamos las redes del crimen organizado que financia infiltrados en la dirigencia de los cuerpos policíacos, el Ministerio público, los juzgados, jueces y magistrados respaldados, la mayor parte de los casos, por hábiles abogados que saben mover los hilos dentro de todas las instituciones del Estado, que como timoneles contra viento y marea logran que sus defendidos para todo logren pagar medidas sustitutivas. El último eslabón que cierra el sistema de corruptela.
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