Guatemala, domingo 22 de junio de 2008 - 18:01 horas
En los últimos 15 años, Guatemala se ha esforzado en aplicar buenas prácticas agrícolas y de manufacturación para las frutas y vegetales que exporta. Pero la supervisión y el monitoreo de los productos que se quedan para el consumo interno es casi inexistente.
Por: Paola Hurtado
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Foto: Jesús Alfonso Por dentro. La producción para el mercado nacional no es monitoreada. Cuando se trata de productos de exportación, Guatemala se esfuerza en producir frutas y verduras libres de contaminantes microbacterianos, químicos y físicos. Los agroproductores deben cumplir con una serie de buenas prácticas agrícolas y de manufactura a nivel internacional. Están sujetos a supervisiones y certificaciones del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (PIPAA) y previo a embarcar sus frutos, algunos deben someterlos a análisis de laboratorio para demostrar su inocuidad. De no cumplir con esas estipulaciones el país se vedaría mercados, como el estadounidense y el europeo que endurecieron desde mediados de los noventa sus normativas a fin de procurar alimentos inocuos a sus ciudadanos. La mayor motivación para cumplirlas es que la exportación de productos no tradicionales le representa a Guatemala US$3 mil millones anuales, entre el 10 y 12 por ciento del Producto Interno Bruto. Lo lamentable es que con la producción para el mercado nacional no somos ni la mitad de estrictos. Los consumidores compran y comen a ojos cerrados. Nadie está en capacidad de decir si lo que ingieren está contaminado. Se sabe con certeza que la contaminación alimenticia en Centroamérica es una de las amenazas más serias para la salud y que las autoridades y los consumidores tienen muy poco conocimiento sobre el problema, según advirtió hace dos semanas la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en un seminario regional organizado en Costa Rica. Una experta refirió que las intoxicaciones más frecuentes y que causan más impacto son las producidas por microorganismos porque sus efectos son inmediatos. Pero también existe la contaminación química, que es más crónica y acumulativa y afecta severamente la salud de las personas. Los guatemaltecos crecimos convencidos de que “lo que no mata, engorda” y que gracias a las defensas que desarrolla el organismo, pocas cosas logran enfermarnos. Pensamos que comer sano es sustituir la comida chatarra por alimentos frescos, aprendemos a comprarlos según su apariencia y precio, y a desinfectarlos para que no nos hagan daño. A ningún Gobierno le ha interesado informarnos sobre la contaminación química a la que están expuestas nuestras frutas y verduras. Nunca se le ha advertido al consumidor sobre los daños a largo plazo que provocan los residuos de plaguicidas en las hortalizas. Si alguna autoridad se propusiera explicarle al guatemalteco que la posibilidad de que desarrolle cáncer y algunas enfermedades del sistema nervioso e inmunológico guarda relación con la ingesta de alimentos contaminados con químicos, también debería aclararle que no está en manos del consumidor evitarlo y que el Estado no ha podido asegurarle la inocuidad de los productos no procesados que consume. Uno para 300 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) calcula que hay dos millones de agroproductores en el país. Tan solo 300 (cifra aproximada) poseen una licencia sanitaria para funcionar, la cual se otorga si cumplen con las buenas prácticas. A eso se suma que el área de Inocuidad del MAGA cuenta con un técnico para supervisarlos, a quien le resulta imposible visitarlos al menos una vez al año. PIPAA colabora con las capacitaciones, pero su enfoque son las 30 empresas exportadoras que cubre. El universo restante, el 99 por ciento de los productores, no está sujeto a supervisión ni regulaciones. El Estado desconoce cómo cultivan, si utilizan las cantidades adecuadas de químicos (fertilizantes, plaguicidas), si riegan con agua limpia y cómo transportan y almacenan su productos. ¿De qué calidad son estos frutos? ¿Contienen niveles elevados de contaminantes bacterianos o químicos? No lo sabemos. Desde hace más de 10 años en Guatemala no se hacen análisis periódicos para detectar pesticidas en hortalizas. En 1981 existía un programa de Vigilancia de Contaminantes en Alimentos coordinado por el Ministerio de Salud. Diez veces por año se analizaban residuos de plaguicidas y metales tóxicos en hortalizas. En los informes de 1986 a 1994 se detectaron 15 plaguicidas diferentes en cuatro vegetales, mientras que entre 1995 y 1996 se encontraron cinco. Después de esos estudios no se publicaron más datos y coincide con que en 1997 se delegó al MAGA la responsabilidad de los alimentos no procesados. Este nunca volvió a coordinar análisis pese a que un reglamento de 1999 lo obliga a realizarlos de microbiológicos y de residuos químicos en alimentos producidos por pequeños productores que distribuyen a minoristas y mercados cantonales; o sea, el grueso de los agroproductores guatemaltecos. Estudios aislados La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (Danida) investigaron en 2001 los residuos de plaguicidas en hortalizas cultivadas en Almolonga, Quetzaltenango, uno de los municipios con mayor producción de vegetales. Se analizaron algunos de los vegetales con mayor demanda: lechuga, repollo, cebolla y apio, diez muestras de cada uno. Encontraron residuos de plaguicidas en 32 de 40 muestras analizadas (80 por ciento) y el 25 por ciento de las muestras contaminadas sobrepasó los límites permitidos. De los cuatro productos estudiados, el apio era el más contaminado; la cebolla, la menos debido a que no es tan propensa a las plagas. El estudio recomendó al MAGA fortalecer las capacitaciones, implementar acciones para mejorar las malas prácticas agrícolas y retomar el monitoreo de residuos de plaguicidas en hortalizas, en especial las que se consumen frescas. En 2002, Jorge Mario Gómez Castillo, un investigador del MAGA que preparaba una tesis de maestría, analizó varias muestras de tomate, lechuga, pepino, cebolla y chile pimiento. Detectó las suficientes cloriformes fecales y restos de pesticida, sobre todo en pepino y chile pimiento, como para desvirtuar su hipótesis de que los vegetales eran inocuos. No hay estudios más recientes cuyos resultados se hayan divulgado. “Es lamentable que todo lo que exportamos tiene que ir como agua bendita y para el consumo local podemos comer cualquier cosa”, señala Antonio Ferraté, coordinador del Codex Alimentarius en Guatemala, un comité que trabaja en conjunto con FAO, OPS y el MAGA en favor de la inocuidad alimentaria y el comercio justo entre países. El experto critica que aunque hay leyes y reglamentos para garantizar los alimentos seguros, las sanciones no se imponen y hace falta un programa de vigilancia epidemiológica que le garantice a la población alimentos seguros. Ahora solo son supuestos El estudio de OPS y Danida señaló que el tipo de plaguicida, la cantidad usada, la frecuencia de aplicación y no respetar el período de carencia (entre la aplicación y la cosecha) determinan el grado de contaminación de los productos. Esa mala cultura sobre el uso de los agroquímicos fue la que motivó a la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima) para que en 1992 emprendiera un programa de capacitación para el agricultor y expendedores de agroquímicos con el que han llegado a más de 500 mil personas. Julio Ruano, gerente de Agrequima, narra que han logrado cambiar mucho los hábitos de los agricultores haciéndoles ver que mezclar químicos y aplicar más de las dosis indicadas solo les cuesta más, pero no mata más plagas. “Se les explica la importancia de la inocuidad. Sin embargo, aprenden más rápido si se les toca el bolsillo”, cuenta. “Nosotros somos los más interesados en que se hagan monitoreos de residuos de plaguicidas”, resalta Ruano. “Siempre le echan la culpa a los plaguicidas de cualquier problema de salud. Pero la realidad es que no hay cómo comprobarlo. Mientras no haya datos solo hablamos de supuesta contaminación”, enfatiza. Los importadores y fabricantes de agroquímicos le pagan al MAGA alrededor de Q14 millones anuales por concepto de importaciones, registros y permisos de comercialización. Ruano opina que parte de ese dinero podría destinarse para montar programas de supervisión y monitoreo más efectivos. El dinero se utiliza para el programa del uso y manejo seguro de plaguicidas y para la supervisión e insumos agrícolas y pecuarios, explica Jorge Mario Gómez, el investigador del MAGA que coordina el Departamento de Normas y Regulaciones. Los monitoreos de residuos de plaguicidas son caros y complicados. Analizar cada muestra cuesta alrededor de US$100 y el Laboratorio Nacional de Salud no siempre cuenta con reactivos, dice Gómez. Para el estudio que él hizo en 2002, se tardaron seis meses en proporcionarle los resultados, lo cual hace inservible la prueba para un producto perecedero. Los laboratorios privados acreditados en Guatemala son pocos y deben enviar algunas muestras al extranjero. El Centro de Investigaciones de la Universidad Mariano Gálvez y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) están trabajando en un estudio de 11 plaguicidas en cuatro vegetales: tomate, papa, lechuga y arveja china de consumo interno y exportación. La mira del laboratorio es obtener la certificación ISO 17025 que le permitirá ofrecer el servicio al sector agroexportador y al mercado local, sobre todo los supermercados y restaurantes de comida rápida que han mostrado interés en asegurar la inocuidad de lo que venden. Willy Knedel, director del área química del Centro, explica que la falta de evidencia científica sobre los residuos de plaguicidas genera posturas sensacionalistas e infundadas, y también la negación de que exista el problema. Solo si el Estado retoma los análisis en laboratorio se podrá elaborar una línea base y saber a dónde enfocar las medidas correctivas. Hay estudios extranjeros como el que cita Gómez, que apuntan a que el 50 por ciento de probabilidades de que una persona desarrolle cáncer en la vida tiene que ver con el consumo de alimentos con residuos de plaguicidas entre los cero y cinco años. Knedel opina que es aventurado asociar a los plaguicidas directamente con el cáncer porque aunque hay relación, el ser humano también está expuesto a lo largo de su vida a muchos cancerígenos como los suavizantes del plástico, los preservantes, los saborizantes, entre otros más. En Guatemala es necesario capacitar y monitorear al productor primario, pero también se debe educar a los guatemaltecos para que valoren la inocuidad y la consideren un valor agregado, hace ver Ferraté, el coordinador del Codex. Mientras nadie pregunte en un mercado el origen de unos tomates ni prefiera las lechugas de un agricultor certificado, los productores nacionales seguirán preguntándose: “¿para qué voy a tramitar la licencia y cumplir con un montón de cosas si en los mercados vendo todo y nadie me pide nada?”. |
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