Han pasado más de tres años desde que se recomendó al país tipificar la norma que no ha sido aprobada por el Congreso. Espada indica que se apoyará la normativa después de aprobar la Ley de Acceso a la Información.
Por: Kenia Reyes
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En 2005 la Organización de los Estados Americanos recomendó a Guatemala, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, tres años después esta propuesta no ha pasado de quedar plasmada en dos proyectos de ley en el Congreso de la República. El ex presidente del Organismo Legislativo, Rolando Morales, presentó el primer proyecto que rechazó la Comisión de Probidad, pues se argumentó que este era violatorio al principio de inocencia y duplicaba las funciones con las entidades encargadas de investigar hechos de corrupción. “Es evidente porque no les interesa el tema de transparencia, pero debemos exigir que se aprueben normas para que se tipifique estos delitos de corrupción al imponer estas penas. Eso solo refleja la impunidad que existe”, dijo Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana. No se ha logrado apoyo La otra iniciativa fue planteada por la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, pero no ha obtenido un dictamen favorable o desfavorable. “Desde que inició el período de Alfonso Portillo, al analizar el presupuesto militar, descubrimos sobrevaloraciones, compras no existentes, empresas fantasmas. Vimos que alrededor del Estado existe una extracción de sus fondos de cualquier forma, pero nadie quiere que se transparente esta caja negra”, apuntó Montenegro. La congresista refirió que con esta norma se busca sancionar a aquellas personas, que quieren beneficiarse a favor propio o de terceros. “Cada cuatro años surgen nuevos millonarios y mientras no exista condición para sancionar estos hechos ilícitos esto continuará”, recalcó. El vicepresidente, Rafael Espada aseguró que esta es una de las normas que tienen previsto impulsar, pero, que primero, se debe aprobar la Ley de Acceso a la Información, pues sin ella no es posible un combate efectivo a los hechos de corrupción en el sector gubernamental del país. Las penas que se establecen En esta norma se contemplan penas de 6 a 15 años de prisión y multa de Q1,000 a Q10 mil. Además se podrá ordenar el comiso de bienes, así como cualquier producto proveniente de esta comisión de este hecho ilícito. Actualmente, el Código Penal estipula para sancionar a funcionarios por delitos como: el cohecho, el desfalco, la malversación o el peculado. |
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