La justicia y la farsa

Era sobre una  sola columna que se sostenía todo aquel edificio inmenso  del relato bíblico,  de tal forma que, cuando esta falló, cayó –sin más–  la construcción completa, y es exactamente lo mismo que ocurre con el Estado, o al  menos con el Estado democrático.  Existe una columna que es la que al final de cuentas  lo sostiene todo, y que no puede fallar  so pena de que  todo lo demás se desmorone.  Pueden fallar otras columnas –incluso  todas, menos esta–   que la estructura del Estado se sostiene, pero si esta falla, el colapso se hace inevitable. Esta columna medular del Estado, aquella sin la cual se hace el Estado,   un imposible, no es otra que  la  administración de justicia. Malos pueden ser los legisladores y el Congreso y mediocre el Ejecutivo, pero  si existe una buena administración de justicia, si no fallan los jueces el Estado se sostiene y  puede cumplir incluso  con los fines esenciales que le corresponden, los fines que justifican su existencia.  Tan es así que solo aquellos países que han posicionado, que han respetado y que han confiado en sus jueces –que han tenido una buena administración de justicia– han  salido adelante. Es este cuadro,   ni más ni menos,  que el denominador común de los países triunfadores. La diferencia incluso entre dictaduras y tiranías ha sido aquella de los jueces. El control judicial, cuando  reconocido y respetado por el dictador, ha sido el freno de  que la dictadura degenere en tiranía.

Si se tienen malos legisladores pero se tienen buenos jueces, ahí  estarán los jueces para poner un hasta aquí a lo erróneamente legislado, y  calificar, incluso,  la inconstitucionalidad misma de las normas. Si malos pudiesen ser  los funcionarios del Organismo Ejecutivo, ahí estarán los jueces para ejercer el control judicial de los abusos; pero, por el contrario, si se tiene la mejor de las normas emitida por el mejor de los congresos, de poco habría  de servir si “aplicada” esta   por jueces corruptos y venales.

El mismo desarrollo de la actividad privada depende de los jueces. ¿De qué podría servir la expresión de voluntad expresada en los contratos si esta no se puede hacer cumplir, si se hiciese sí necesario, o si  fuese tergiversada por los jueces?

La última palabra en el Estado es aquella de los jueces, a tal extremo que el contenido mismo de la propia Constitución Política de la República, el pacto de paz social entre nosotros, no es otro que aquel que  se sirvan ver los jueces, la Corte de Constitucionalidad en nuestro caso.

Nuestra administración de justicia, sin embargo, –pese a su importancia– columna fundamental que es del Estado, sufre de un cáncer que pareciera terminal y que se alimenta de la  más terrible de las  farsas, la  de los plazos judiciales, leyes que son de la República y que se incumplen día a día –y nada más y nada menos– por aquellos que constituyen la garantía última que existe en el Estado  para el debido cumplimiento de leyes y contratos: la última palabra del Estado. El problema es que si los plazos judiciales, algo tan visible, no se cumplen, ¿qué es lo que habría de cumplirse? Si constituyen los plazos una farsa, ¿qué garantía sobre  el resto?  Debemos entender que justicia tardía, no es justicia, y que  de  nada sirven las normas y  contratos  si no se les puede hacer cumplir cuando se debe.

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