Las reacciones de protesta ante la reciente directriz del Parlamento Europeo destinada a la deportación de todos los migrantes indocumentados que residen en los países de la Unión Europea han sido numerosas y justificadas. La medida viene a sumarse a las acciones, cada vez más frecuentes, en contra de la migración irregular que en la última década está constituida principalmente por los desplazamientos de orden económico que se originan desde América Latina, pero también desde África.
Guatemala como país de tránsito y destino, pero principalmente de origen, tiene motivos para expresar su malestar ante decisiones estatales o interestatales que criminalizan a los migrantes y que contravienen el cuerpo legal relacionado al Derecho Internacional de los derechos humanos.
Es entendible la dificultad del ciudadano común para visualizar las tremendas dificultades de los gobiernos en países emisores, como el de Guatemala, para que las autoridades de países receptores atiendan sus argumentos. El Gobierno carece del poder y la fuerza para revertir las decisiones y políticas de los países desarrollados que han encontrado una justificación a sus políticas anti-inmigrante bajo el argumento de que son países de leyes y el incumplimiento a sus leyes migratorias debe castigarse.
Por esa razón, cualquier cabildeo dirigido a revertir las posiciones endurecidas estos últimos años, requiere de un planteamiento conjunto de los países afectados de América Latina. El esfuerzo debe ir dirigido a abrir espacios a un diálogo en busca de mecanismos racionales y soluciones que sean satisfactorias para los países emisores y para los receptores. La tendencia a criminalizar la migración, sin duda, agravará el hostigamiento y el temor de los migrantes guatemaltecos en los países que integran la Unión Europea, como ya sucede en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre. La preocupación en el trato a los migrantes tiene razones eminentemente humanas, pero también implica la tendencia a debilitar el marco de protección de los derechos humanos, en ignorancia de principios que deben prevalecer por encima de la legislación interna, o convenios entre Estados, y aún por encima de los propios tratados internacionales.
En ese sentido, es pertinente consultar electrónicamente los contenidos en las Opiniones Consultivas (OC/16) y (OC/18) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas solicitadas por México y resueltas en 1998 y en 2003; la primera de ellas, relativa al Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías al Debido Proceso Legal; y la segunda, relativa a la Condición Jurídica de los Migrantes Indocumentados. Particularmente importante encontré el criterio expresado en el voto concurrente del ilustre jurista, juez y ex presidente de la Corte IDH, doctor Antonio Cancado Trinidad, cuando dice: “A pesar de encontrarse hoy día reconocido el derecho a emigrar, como corolario del derecho a la libertad de movimiento, los Estados todavía no han reconocido el derecho correlato de inmigrar, creando así una situación que ha generado incongruencias y arbitrariedades, muchas veces afectando negativamente el debido proceso legal”. Al perpetuar, de ese modo, las incertidumbres e inconsistencias, los Estados responsables por esta situación han dejado de actuar a la altura de sus responsabilidades como sujetos del Derecho Internacional, el derecho de gentes. Y han creado más problemas tanto para numerosos individuos directamente afectados como, en última instancia, para sí mismos, al contribuir indirectamente con la formación de los flujos de inmigrantes “ilegales”.
Guatemala debe prepararse para atender la creciente demanda de asistencia consular en Estados Unidos y México, que en las circunstancias actuales también requerirá de mayor capacidad en Europa, especialmente en España, país donde radica la mayor parte de emigrantes de nuestro país. La disponibilidad de los varios millones provenientes de la aprobación de leyes como la Conamigua, permitirá agilizar la contratación de asesores legales permanentes y ampliar la red consular para mitigar los efectos humanos a nuestros compatriotas.
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