Cómo prestigiar a políticos y partidos

Para infortunio de quienes creemos en la política como práctica imprescindible para canalizar el conflicto y concertar la distribución de recursos escasos, en nuestro país los principales pilares que la soportan se han constituido en las instituciones menos apreciadas por los guatemaltecos.

En los estudios de opinión que miden las simpatías hacia los partidos políticos y el Congreso de la República, consistentemente menos del 20 por ciento de los guatemaltecos considera que ambas instituciones se desempeñan bien dentro de la sociedad. Y, sin embargo, suele suceder que al menos dos terceras partes de la población tienen muy buena opinión de las iglesias, los bomberos y los medios de comunicación.

Los políticos culpan de su desgaste y desprestigio a los medios de comunicación. En los cenáculos partidistas siempre está presente la idea de que los medios son una correa de transmisión de los grandes grupos económicos, que éstos utilizan para atacarlos y, si no destruirlos, por lo menos debilitarlos, para poder ser manejados a conveniencia de la oligarquía nacional.

No digo que los medios no tengan responsabilidad en el desprestigio de los políticos. Al fin y al cabo es gracias a ellos que nos enteramos de los resbalones de dirigentes, diputados, ministros, secretarios y asesores. Pero, tal como ha quedado documentado con el tema del importante papel que juega la empresa Mercado de Futuros como fuente de ingresos y apoyo generoso de políticos en apreturas económicas, estos patinazos no son provocados por los medios de comunicación, sino por los mismos políticos.

En primer lugar, lo que se ha comprobado nuevamene es que junto a la legítima ambición de ejercer poder va apareado el deseo de utilizar el poder público –o las expectativas de acceder a éste–, como palanca para hacer crecer las cuentas bancarias de nuestros políticos. El marcado desinterés del Ministerio Público por perseguir estas situaciones hace que la única sanción factible sea la condena moral que pueda generar la denuncia mediática del hecho.

Y, en segundo lugar, la ausencia de normas claras sobre el financiamiento a políticos y sus partidos hace que ocurran casos como el del préstamo a Otto Pérez Molina, una operación atípica, para llamarla de alguna manera, inusual en procedimiento y condiciones a las que sigue normalmente cualquier persona de a pie para obtener financiamiento.

El Congreso tiene gran oportunidad hoy para depurar y mejorar el sistema político. Una, mediante la aprobación de la Ley de Acceso a la Información; dos, por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Con la Ley de Acceso a la Información hace transparente el manejo de los asuntos públicos, al obligar a los funcionarios a rendir cuentas de su trabajo. Y con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al redefinir el financiamiento de las campañas y tipificar los delitos y sanciones para quienes violen la ley, puede promover una dependencia menor de financiamientos “de favor” y, en consecuencia, estimular una mayor autonomía de los partidos en términos económicos.

Habrá que ver si los políticos aprovechan estas dos oportunidades para detener el deterioro progresivo de los partidos, de sus dirigentes y del Congreso.

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