Y, ¿si hay algo más?

Hasta la fecha, el escándalo desatado por la transferencia de fondos del presupuesto del Congreso de la República a una empresa de inversiones, ha girado en torno dos elementos.
El primero se refiere a la legalidad o no de la transferencia de “ahorros” del Legislativo y la responsabilidad del presidente del Congreso en 2007 (Rubén Darío Morales) y 2008 (Eduardo Meyer Maldonado), así como a Benvenuto José Conde (Director Financiero) y Byron Sánchez Corzo (Secretario Privado de Meyer Maldonado).
El segundo ha salpicado a la figura principal del Partido Patriota (PP), en la oposición, Otto Pérez Molina. La información publicada refiere que el jefe de la Superintendencia de Bancos (SB) Edgar Barquín presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por una operación sospechosa por Q688, 500, a favor de Pérez Molina. El dinero provenía de la cuenta en Banco Uno de la entidad Mercados de Futuro (MDF) que recibió los fondos del Congreso.
En la semana transcurrida, Pérez Molina y su batallón en el Congreso han apuntado sus baterías contra Barquín señalándolo de filtrar la información y argumentando que dichos fondos pertenecen a un préstamo. Para fundamentar su alegato presentan como prueba un pagaré y fotografías de vehículos de la SB que supuestamente distribuyó la información a la prensa.
Queda la duda de por qué si se trata de un préstamo amparado por un pagaré sea el deudor y no el acreedor quien lo tenga en su poder o, si la deuda ya fue saldada por qué todavía dicho pagaré no ha sido destruido. También queda la duda de cómo el PP obtuvo imágenes de los movimientos de los vehículos de la SB.
Sin embargo, la inquietud de fondo apunta a qué responden los movimientos millonarios de fondos del Congreso en cuentas bancarias que evaden el control cotidiano. Recuérdese que se ha señalado por diversos medios que el crimen organizado ha penetrado el andamiaje público y político del Estado de Guatemala al más alto nivel. Que dichas estructuras necesitan legalizar (lavar) su dinero y que para ello recurren al sistema bancario y a los mecanismos para legitimar sus ingresos.
En tal sentido, vale la pena preguntarse si, por casualidad, lo que estamos viendo develarse ¿no es una estructura de lavado de dinero que utiliza los caminos del presupuesto de gastos de una dependencia del Estado? Por lo que, también cabe preguntarse si ¿hay otras dependencias del Estado, partidos políticos y entidades financieras, asociados para este fin?

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