Con los hechos de San Juan Sacatepéquez, cabe preguntarnos si la comisión de crímenes y delitos se ha normalizado en nuestra sociedad. Si se han cometido delitos como invasión de oficinas e incluso asesinato de una persona, los responsables tienen que ser perseguidos penalmente. Existen mecanismos establecidos en la Ley de Descentralización y el Código Municipal para que, por medio de una consulta popular, se avale o rechace un proyecto. Pero no pueden utilizar procedimientos ilegales para rechazarlo. El Gobierno tendría que garantizarle a la población el derecho de hacer su consulta, pero debe actuar con todo el peso de la ley si se cometen delitos. En otros ámbitos de nuestra sociedad se han normalizado prácticas como estas y también delitos de bandas delincuenciales. Y así como se combaten los delitos de unos campesinos, así tienen que combatirse los crímenes de los grandes delincuentes.