Mientras la Defensa Pública necesita contratar a más abogados para atender la cantidad de procesos
pendientes, los directores y asesores han gastado en los últimos cuatro años Q890 mil en viajes y viáticos.
Por: Equipo de investigación
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El sistema de Justicia atraviesa una crisis permanente. Informes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales revelan que únicamente el 4 por ciento de los casos que ingresan a todo el sistema llegan a sentencia o se resuelven. Para llegar a juicio, un caso tarda 18 meses, en promedio, tiempo en el cual los involucrados viven la incertidumbre jurídica, prisión preventiva o, en el peor de los casos, las personas reincidentes de delitos salen al poco tiempo libres por falta de pruebas. La conflictividad del país agrava el problema; según estadísticas de la Policía Nacional Civil, en promedio se cometen más de 20 crímenes diarios, saturando con ello el sistema y obstaculizando por completo los procesos iniciados. La urgencia de encontrar mecanismos para optimizar los recursos en el aparato de Justicia en el país y buscar la eficiencia es enorme; sin embargo, en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) la realidad parece distinta. El IDPP tiene entre sus principales funciones llevar gratuitamente la representación de personas de escasos recursos que se encuentren sometidas a proceso legal, y asistir a quien solicite asesoría jurídica cuando considere estar sindicada en un procedimiento penal. El IDPP tiene un presupuesto de Q103 millones, con funciones en los 22 departamentos del país. Esta cifra se ha duplicado en los últimos cuatro años, bajo la gestión de la directora Blanca Aída Stalling. En 2007, el IDPP atendió a 23 mil personas sin recursos. Sin embargo, de estos casos únicamente el 10 por ciento llegó a juicio. En octubre de 2007, Benedicto Tenaz, de la Unidad de Ejecución Penal de la Defensoría Pública, señaló que solamente contaban con 5 abogados y un coordinador, quienes tienen a su cargo aproximadamente 800 expedientes cada uno. “Consideramos que lo más que puede tener un abogado, para darle una atención más o menos de calidad, serían unos 200 casos. En la unidad de ejecución trabajamos bajo una crisis permanente, por falta de personal”, aseguró en aquellos días. No obstante, durante los últimos cuatro años, la institución ha visto un crecimiento desmesurado en gastos que nada tienen que ver con la defensa de la población sin recursos. Según el registro de viajes oficiales del IDPP, los viajes de la directora y algunos de sus más cercanos colaboradores se han incrementado y para ellos se han erogado miles de quetzales. Los costos de las salidas a 25 países de todo el mundo por parte del personal del IDPP ascienden a Q890 mil 226.83, entre viáticos y compra de boletos aéreos que van desde Argentina, España, Francia, Suiza, Brasil y Chile, entre muchos otros. En el registro de viajes oficiales del IDPP consta que a la directora le han sido asignados, en un solo viaje a Suiza, viáticos hasta por US4 mil 300 (aproximadamente Q32 mil 250) y en otro a Argentina US$4 mil 200 (Q31 mil 500), lo cual resulta excesivo para una institución que día a día afronta la falta de recursos para laborar. Según abogados del IDPP, con los Q890 mil 226.83 que se han gastado entre viáticos y viajes al extranjero, se hubieran podido contratar a por lo menos 20 abogados más para atender la demanda de servicios durante un año. “Esta cifra contrasta con las necesidades sin resolver y casos que los abogados de la defensa atienden, así como con la lentitud con que se atiende a quienes buscan apoyo jurídico. El fortalecimiento del IDPP es indispensable para mejorar el sistema de justicia, pues la carencia de un defensor llena las prisiones y tira por la borda los procesos legales, impidiendo la condena de los responsables”, asegura un abogado del IDPP que pide reserva. Otro abogado señala que “una de las prioridades debería ser atender al sector indígena, uno de los más olvidados. Pero cuando los recursos se desvían a gastos superfluos, lo básico permanece desatendido”. Más de Q800 mil asignados para comisiones oficialesLos gastos del Instituto de la Defensa Pública Penal, de 2005 a la fecha por concepto de pasajes aéreos y viáticos, suman Q890 mil 226.83. Los fondos fueron asignados a Stalling y sus comitivas, que le han acompañado en el extranjero para participar en actividades relacionadas con la aplicación de la justicia.A pesar de que en algunas ocasiones la funcionaria ha sido invitada y sus gastos los han costeado organismos internacionales, los desembolsos de viáticos a las arcas del IDPP se han mantenido. Entre 2005 y 2008, Stalling gastó Q368 mil 471 entre viáticos y pasajes de avión. Sus acompañantes han gastado Q521 mil 755.83 en viáticos. Sólo en 2008, la directora gastó más de Q60 mil en viajes realizados a Argentina y México. A pocos meses de haber asumido el cargo Stalling inició con los viajes. De los fondos del IDPP salieron, en 2005, US$13 mil 040 (aproximadamente Q100 mil) en viáticos y Q83 mil 028.72 para boletos aéreos. A pesar de que en 2006 los gastos de viáticos reportados son de US$7 mil 067 (aproximadamente Q54 mil 400), los gastos de boletos aéreos se fijaron en Q33 mil 543.04. En 2007 nuevamente se incrementaron los gastos de las arcas del IDPP. Entonces, erogaron US$21 mil 110 (Q162 mil) para viáticos y Q58 mil 701.45 para boletos aéreos. “Para ser una institución tan pequeña y con el presupuesto que maneja, consideramos que deben priorizar su gasto en el tema de la defensa pública y no gastar tanto en viajes al extranjero (…) consideramos que estos recursos se tenían que invertir en la defensa de las personas y no en viajes”, comentó Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Los desembolsos de dinero para cubrir los viáticos y pasajes aéreos de funcionarios públicos han provocado críticas y controversia en diversos círculos de la sociedad civil, especialmente en el Congreso de la República, donde en cada legislatura se reportan millonarios gastos para los viajes de los diputados. A la fecha, el Organismo Legislativo ha gastado Q1 millón 900 mil en viáticos para los legisladores. Por aparte, Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, comenta que “el Instituto debe facilitar los procesos; en cambio han instalado una serie de herramientas burocráticas que los alargan. Entre ellos se incluyen la solicitud de notificaciones oficiales para cualquier trámite, incluso para entregas de fotocopias”. “Buscamos traer nuevos conocimientos”Stalling manifestó que los viajes han sido para mejorar los conocimientos y las directrices del Instituto. “Buscamos traer nuevos conocimientos con las experiencias en otros países”, resaltó.Además, puntualizó que las experiencias internacionales le valieron a la institución ser nombrada Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas de Latinoamérica, con vistas a recaudar ayuda internacional para el instituto. Mencionó, además, que las acusaciones de nepotismo, gastos innecesarios y viajes, han sido malinterpretados por algunos sectores. Más acusacionesEn mayo pasado, el Partido Patriota señaló irregularidades en el Instituto de la Defensa Pública Penal, como nepotismo, exceso de viajes y extralimitación de funciones, entre otras.La diputada Roxana Baldetti aseguró que el IDPP es propietario de 60 vehículos; sin embargo, solamente reportaron 40 al momento que el Congreso solicitó ese dato. Baldetti también comentó que la directora de la Defensa Pública cuenta con una caja chica de Q13 mil y gastos de representación que superan los Q15 mil. “El IDPP ha asegurado que han resuelto un aproximado de 27 mil casos; sin embargo, descubrimos que cada año reportan como resueltos casos que ya han resuelto en años anteriores. Entonces, el dato que ellos publican es incorrecto”, comentó Baldetti. Justicia guatemalteca débilSegún el Índice de Desarrollo Humano 2007-2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala ocupa el lugar 118 de un total de 177 países evaluados sobre desarrollo humano en el rubro de eficiencia de la justicia penal.La Fundación Myrna Mack confirma que el sistema de justicia guatemalteco es débil e inoperante. Ello se refleja en que de cada 100 asesinatos de mujeres solamente 6 son resueltos. ¿Quién es Blanca Aída Stalling?>La directora de la Defensa Pública ya formó parte de esa institución como subdirectora, del año 2000 al 2002.>Fue asesora en el Ministerio Público, adonde fue llevada por el ex fiscal Carlos de León. >Fue la quinta fiscal especial en el caso Panamá, en el cual se investigó al ex presidente Alfonso Portillo, a Francisco Reyes, y a otros integrantes del gobierno eferregista, por la apertura de cuentas bancarias, supuestamente con dinero del Estado guatemalteco. Conoció el caso de la estafa millonaria al IGSS. |
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