El acceso a la información es un derecho que tendría que ser reconocido por mujeres y hombres dispuestos a defender esta prerrogativa indispensable para ejercer su libertad, ya que no se trata de algo exclusivo para quienes ejercemos el periodismo o de algunos políticos. Los Estados son los que están obligados a garantizar ese derecho, mediante normas jurídicas o leyes que regulan de manera obligatoria los comportamientos de todos los habitantes. En Guatemala, se ha convertido en una tarea complicada aprobar una ley de acceso a la información, a pesar de ser un derecho. Se habla de ocho intentos fallidos. A nivel mundial, los medios de información, controlados por empresas nacionales o transnacionales, se han convertido en una herramienta de dominación, porque, mediante los enfoques parciales de sus mensajes, convierten verdades en mentiras o mentiras en verdades.
Los medios de información contaminan así los imaginarios sociales. Ejemplos hay varios. Uno muy representativo es cómo se propaga “la receta” para superar la pobreza: mediante la inversión extranjera y el libre mercado, ningún aumento de impuestos y prerrogativas para empresarios. A pesar de que realidades concretas demuestran lo erróneo de tal afirmación se sigue insistiendo que es “la salida” para revertir el hambre. Otra falacia, es que con mano dura y militar se garantiza la seguridad. México y Colombia ejemplifican cómo a pesar de los millones invertidos para supuestamente contrarrestar el narcotráfico, se sigue incrementando la producción y consumo de estupefacientes. En la maraña de falsedades se dice que lo importante es garantizar la seguridad para que lleguen las inversiones y con ello se mejorará la situación; con o sin ella, los inversionistas saben perfectamente dónde llegar, porque su interés no es ninguna clase de desarrollo sino las ganancias que obtienen. Por eso hay empresarios gringos invirtiendo en Irak. El derecho al acceso a la información tiene varias dimensiones. Concretarlo pasa por obligar a funcionarios a proporcionarla, así igual los empresarios de la información tienen que balancear sus mensajes a fin cumplir con tal prerrogativa. Si bien la libertad de expresión permite defender la propuesta neoliberal, el libre acceso a la información solo se concreta cuando también los opositores a ese sistema argumentan su desacuerdo y proponen otras salidas. Callar esas voces se convierte en una flagrante
violación a un derecho.
Este será uno de los temas que se abordará en el III Foro Social Américas, que tendrá lugar del 7 al 12 de octubre próximo, y cuya sede será la Universidad de San Carlos. Esperemos que todos los medios de información den cuenta de sus actividades. (www.forosocialamericas.org/fsa-guatemala)
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