“Sunshine laws”

Como lo ha reiterado el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, desde 2002, Guatemala se comprometió a aprobar una ley idónea que garantice el derecho de informar y de ser informado, leyes que en los últimos años han sido asociadas al objetivo de iluminar acciones que, sin esa legislación, se mantienen en la oscuridad.  De allí el título de este comentario. Afirma el Relator que una ley destinada a que la información pública sea fiable, oportuna y de fácil acceso, posibilita el control social, estimula un mayor grado de rendición de cuentas de los funcionarios públicos, y contribuye a poner al descubierto las decisiones administrativas que sean adoptadas por las razones equivocadas. Se refiere a una ley que actúe como una garantía e instrumento contra la corrupción.
 
Normalmente es la prensa independiente, en su desempeño como contra-poder, quien concreta el derecho a estar informado, siempre y cuando pueda acceder de manera ágil a las fuentes.  Las restricciones o el impedimento para acceder a esas fuentes limitan, por tanto, no solo el derecho a informar sino también el derecho ciudadano a estar informado y el control de la corrupción. El vínculo ha sido también reiterado por un comité de expertos de la Organización de Estados Americanos que analizó la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en nuestro país. Por eso resulta tan importante una ley bajo el principio de máxima publicidad.  Está demostrado que quien ejerce poder tiende a abusar del mismo, ante la posibilidad de ocultar las decisiones de su gestión, tanto de orden financiero como administrativo.  El punto es que no solo debe haber rendición de cuentas en lo que respecta a los números sino también en relación al origen y consecuencias de las decisiones, para que la ciudadanía pueda medir los aciertos y desaciertos de la gestión.

Un funcionario público no debe poder disponer la forma de invertir antojadizamente, ni en la contratación de bienes y obras, ni en la contratación de personal sin que los ciudadanos puedan exigir la rendición de cuentas sobre esas decisiones.  La auditoría social, en relación a la inversión de la administración pública, requiere de un máximo nivel de transparencia, ya que la ineficiencia y la ineficacia que ocasionan los intereses personales pueden ser desastrosos y los pagan los ciudadanos de a pie. 

Una ley que provea mecanismos para la transparencia del sector público es el instrumento más efectivo contra la corrupción, y el medio natural que facilita la auditoría social que finalmente monitorea las decisiones de manera integral. En el ámbito privado, evidentemente se debe cumplir con la ley, pero la decisión arbitraria de favorecer a determinadas empresas o personas con contratos personales o de obras, es una decisión inobjetable porque son recursos personales los que se arriesgan, y si la obra sale mal o la persona contratada es ineficiente es el propietario (s) quien va a sufrir los efectos de su decisión. Uno de los parámetros en los que sale peor calificada Guatemala es precisamente en el tema de la corrupción, y debemos entender que también es corrupción usar esos recursos antojadizamente para favorecer a personas o empresas que el o los funcionarios quieren privilegiar en detrimento de la eficacia y la eficiencia que debe privar en toda función pública.

En este caso debemos recordar las obligaciones que tienen las autoridades del país, tanto internamente, en el marco del contenido de la propia Constitución en sus Artículos 30, 31, 44, 46, 154 y otros más alusivos al tema, como también las que incluyen los compromisos internacionales adquiridos voluntariamente por el Estado, como son las normas relativas al derecho a informar y estar informado (Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) instrumento necesario para cumplir con la obligación de combatir la corrupción.

No es aceptable, después de seis años de propuestas y anteproyectos, se pretenda justificar otro retraso en la aprobación de la ley, argumentando insuficiencia de discusión y análisis de la normativa.  Siguen pasando los años y Guatemala continúa esperando una respuesta del Congreso y de los partidos políticos que contribuya al monitoreo de la función pública.  ¿Habrá que esperar el año 2009 o habrá que esperar eternamente?

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