Antes de su nombramiento y en los primeros días de gestión, las autoridades al frente de la cartera del interior han ido llenando el maletín de propuestas y deseos sobre su desempeño.
Iduvina Hernández
Antes de su nombramiento y en los primeros días de gestión, las autoridades al frente de la cartera del interior han ido llenando el maletín de propuestas y deseos sobre su desempeño. Muchos son los desafíos que enfrentan, pocos los recursos y enormes las expectativas, especialmente en el ámbito ciudadano.
De manera que, decidir por dónde iniciar tamaña tarea viene a ser una especie de super desafío para Francisco Jiménez y Arnoldo Villagrán, autoridades del Ministerio de Gobernación como titular y vice de seguridad respectivamente.
Ante sus despachos están los diagnósticos de la situación de seguridad en Guatemala que incluye aspectos relacionados con el quehacer del crimen organizado en los campos de la narcoactividad, el tráfico ilegal de armas de fuego, el tráfico de personas y la explotación laboral y sexual de personas adultas y menores de edad, entre otros.
Tienen también ante sí los diagnósticos sobre la criminalidad común, relativa a los robos y asaltos así como a la violencia que la acompaña, la cual sumada a la violencia de la criminalidad organizada nos mantiene como uno de los países con mayores niveles de criminalidad.
Una y otra agendas de seguridad, pasan por las capacidades institucionales para enfrentar los retos que conlleva. Allí radica quizá, uno de los mayores obstáculos y, curiosamente, también contiene a una de las más grandes oportunidades para cumplirlo. Depurar lo que existe, formar nuevo recurso y prestigiar la institución policial es probablemente un buen punto de partida para obtener resultados positivos.
En ese cometido, es ineludible la responsabilidad del Estado en su conjunto. El ejecutivo permitiendo los esfuerzos de depuración y cerrando las puertas a la presión política de intereses personales o particulares. El legislativo, asegurando los recursos necesarios tanto legislativos como financieros, así como acompañando mediante una eficaz fiscalización. El judicial con acciones de depuración interna y de agilización de procesos necesarios para el avance de las agendas de seguridad. En este camino, un actor vital es el Ministerio Público cuya eficiencia devendrá en logros o fracasos de cualquier agenda de seguridad.
Socialmente, prensa y ciudadanía, tiene ante sus manos la enorme responsabilidad de vigilar y fiscalizar el impulso de las políticas y agendas, a fin de garantizar que no desvíen el rumbo y logren, tarde o temprano, llevar a puerto el barco de la seguridad en democracia.
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