Muchos de los males que padecen las instituciones del Estado y el Estado mismo, tienen íntima relación con la inexistencia de una ley que permita transparentar el uso de los recursos a través del acceso a la información a que todo ciudadano tiene derecho, pues no se trata de recursos propios de los funcionarios, a quienes se les ubica en determinado puesto para administrarlos y no para enriquecerse como sucede comúnmente. El pueblo tiene derecho a exigir cuentas y los periodistas y medios al acceso de información y divulgación de todo aquello que afecte los intereses de quienes aportan para el funcionamiento del Estado.
Tal como se dijo en un foro realizado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) que la información es poder y que ésta debe estar al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero además es un derecho humano y, a partir de su ejercicio, se construye la democracia, pues ninguna democracia que se precie de serlo, puede restringir la libertad de expresión ni el acceso a la información que viene a contribuir a fortalecerla. No es raro que los gobiernos defactos o las dictaduras militares la hayan restringido a sangre y fuego, pero no entendemos el porqué en procesos como el que vivimos, los diputados, electos por el pueblo, al cual deben responder, sigan sin aprobar una ley que a ellos mismos facilita el desempeño de su función fiscalizadora, si es que quieren, como congresistas, jugar ese importante papel que puede devolver la credibilidad del Congreso.
Esta ley es amplia, contempla las instituciones autónomas y semiautónomas, así como los organismos, organizaciones y hasta empresas que manejen fondos del Estado, sea en la forma que sea, pues al igual que las instituciones estatales están utilizando recursos del pueblo y no han sido pocos las denuncias que se han hecho del mal manejo de recursos. Todo lo sucedido en el IGSS, en el Instituto de Previsión Militar, en la Confederación Deportiva, en las municipalidades, aduanas o en los ministerios y secretarías de la Presidencia, no sucedería si hay acceso a la información, si hay posibilidad de controles ciudadanos que amarren las manos de quienes llegan a esos puestos para enriquecerse ilícitamente o para favorecer a sus amigos y familiares. Esperamos que en la reunión de periodistas miembros de la APG, que se tendrá el día de hoy, se fije una posición contundente y se exija la aprobación sin dilaciones ni cambios de fondo a la Ley de Acceso a la Información Pública.
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4 comentarios:
Sebastian Guevara: (2008-07-10 12:56:01 horas)
La oligarquía, militares y corruptos están preocupados por esta ley, tienen miedo que se haga público lo que hacen para velar por sus propios intereses.
Estuardo Ibarra: (2008-07-10 10:15:06 horas)
esto es critico para el pais y para la moral tributaria de la poblacion... aunque la ley es solo el primer paso..
Carlos Humberto Dìaz: (2008-07-10 08:46:17 horas)
Transparencia; al enterarnos que en la mayoría de las dependencia de gobierno han sido saqueadas por malos funcionarios públicos, se ha visto la necesidad de proponer leyes que rijan las conductas de los gobernantes y responsables de los diferentes Ministerios, Secretarias y Direcciones como de las diferentes dependencias de gobierno.
El problema no se erradica con llevar a la cárcel a los malos funcionarios, ni mucho menos se soluciona con perseguirlos o desterrarlos del país; el problema se debe enfocar en las prácticas comunes de corrupción que se pueden realizar gracias a la pertenencia de algún Partido Político, el fuero como diputado o Ministro y el vacío jurídico del Poder Judicial en los seguimiento de casos de impacto social: el desfalco a los bancos nacionales, el caso del ex-presidente Portillo y ahora el problema en el Congreso de la República.
Debemos aceptar que los Partidos Políticos son tarima para la destrucción de la democracia política de Guatemala. No se puede continuar con el mismo esquema “ideológico” que permite la división entre los guatemaltecos (guerra de intereses políticos) es necesario buscar nuevas formas de gobierno donde no estén involucrados los partidos políticos; urge la Democracia Administrativa que de paso a la responsabilidad profesional del funcionario publico y para ello, se propone a las Universidades como las únicas responsable moral y profesional de la carrera del funcionario publico especializada en todas las ramas del Estado para que sean elegidos por su capacidad profesional.
Saludos cordiales,
Mayor información de la democracia administrativa
ch_diaz@hotmail.com
Otto R. Menéndez: (2008-07-10 08:15:29 horas)
Hace tiempo le hice ver a uno de los diputados lo que estaba gastando en su campaña y me contesto “no tenga pena, eso lo repongo en menos de una semana al ser electo”. Esto me hace pensar que en muchos casos se acepta un cargo en el Estado, fundamentalmente para hacer dinero no para servir a la sociedad total. Intuyo que con plena “transparencia” Arzú ya no desearía ser otra vez alcalde y presidente.
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