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El Comité Interinstitucional de Cohesión Social emitió un informe preliminar al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre el presupuesto previsto para este año, así como lo ejecutado durante el primer semestre.
El documento muestra un total programado de Q1,749 millones para las entidades del Consejo de Cohesión Social (CCS); casi la mitad de esta suma ya ha sido ejecutada, es decir, Q807.1 millones.
Fuentes dentro del Minfin confirmaron el documento y señalan que este reporte está sujeto a una verificación por parte de la cartera, por lo que aún no es definitivo. Además, se prevé que la información estará disponible en los portales de transparencia del Gobierno cuando se termine de cotejar.
Este es el primer informe que se da de los recursos que espera manejar el Consejo, dirigido por Sandra Torres e integrado por varios entes gubernamentales.
Enrique Castañeda, encargado de comunicación del CCS, indicó que el documento no es oficial, y que los datos avalados por la entidad serán anunciados la próxima semana en conferencia de prensa.
Según estos datos, el Consejo tendría un presupuesto superior al del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), y es el triple del de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP); ambas instituciones integrantes del CCS.
En el informe se detalla que en seis programas presidenciales, donde se incluye “Mi familia progresa”, han ejecutado Q362 millones de los Q746 millones previstos. En tanto que en los renglones de fertilizantes y capacitación técnica ya se ha excedido la cantidad prevista.
La fiscalización
El Consejo había sido sujeto de críticas, debido a las dificultades que representa fiscalizar la forma en que ejecuta sus fondos, pues no es una entidad controlada por el Sistema Nacional de Contabilidad.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, señaló que para indagar sobre el manejo de los fondos que reciben de las entidades que lo integran, es necesario revisar cada una de las instituciones. Según la parlamentaria, las dificultades no se limitan al administración monetaria, sino incluyen aspectos como los criterios que se aplican para escoger a los beneficiarios de los programas.
Manfredo Marroquín, miembro de Acción Ciudadana, señaló que en la revisión de “Mi familia progresa”, que lleva a cabo la organización social, no se han identificado anomalías, y que el Consejo ha atendido las sugerencias.
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