Analisis: Guatemala en la Lente de 2015

Guatemala proyectada hacia 2015 enfrentará su mayor desafío en la edificación de la institucionalidad del poder público. Remontar la severa crisis de los años 80 le aportó al país avances en la democratización, sensibilidad a los derechos humanos y un consenso sobre políticas macroeconómicas. Pero el modelo económico ha sido socialmente insatisfactorio y produjo un crecimiento modesto.

La conducción del régimen democrático despertó profunda desconfianza en los actores políticos. La erosión de la seguridad ciudadana, de las redes de protección social y la calidad de empleo atraen nuevas crisis sociales.

Dentro de 10 años la herencia de este período se hará sentir. Es probable que entonces los guatemaltecos sean más precavidos sobre los frutos de la democracia y la estabilidad macroeconómica, mientras aprenden a lidiar con problemas sociales y ambientales agravados.
Retos de hacer política

Las reglas democráticas de acceso al poder se han consolidado en estos años, lo cual disminuye las posibilidades de golpes militares y el ascenso de gobiernos autoritarios. Sin embargo, las instituciones políticas, el régimen de derecho y la rendición de cuentas no funcionan adecuadamente. Esa frustración de expectativas ciudadanas ofrece una materia manipulable.

Las fuerzas políticas no lograron un Estado eficaz, fueron indiferentes a la precariedad del empleo y los programas focalizados para reducir la pobreza, se emprendieron con baja convicción y recursos. Este problema persistente del desempeño gubernamental, en condiciones de tasas de crecimiento mediocres, despierta baja adhesión ciudadana.

Se proyectan nuevas formas de crisis política, cuyas manifestaciones ya están presentes. La fragilidad de los partidos y su propensión a fragmentarse deterioran la política democrática. Debería arribarse al final del ciclo en que la debilidad de los partidos se sustituye con la política mediática, pero la inducción de organizaciones estables y permanentes consumirá todavía buen tiempo. Los poderes fácticos (legales e ilegales) y los líderes carismáticos en eventos electorales ocuparán roles estelares.

Hacia 2015 será crítica la capacidad de las élites de introducir reformas y llevar políticas que contengan las fuerzas disolventes de la sociedad. Sensibles serán el campo de la nutrición, la oferta de energía y el manejo de recursos naturales estratégicos (tierra, agua, cubierta boscosa, minerales).
Si el sistema político no sabe procesar las demandas de inclusión social, económica y política de comunidades y organizaciones indígenas, es probable un escenario en que esos movimientos caminen hacia reivindicaciones de autonomía territorial.

Integración o fragmentación

Desde la cultura política, los guatemaltecos se verán más confrontados a definirse sobre la institucionalidad democrática como marco de desarrollo y seguridad. Habrá una mayor interiorización de esa necesidad, pues los procesos de restauración del tejido social –incluyendo los avances en materia de reconciliación nacional– serán más traumáticos sin esa institucionalidad.

Los procesos de integración de una sociedad pluriétnica requieren códigos formales que reflejen las diversas identidades, y estos son impensables sin un Estado plural y eficaz. Las aspiraciones al desarrollo y a superar el ejercicio coyuntural del poder pueden llevar a la adhesión a propuestas populistas o autoritarias, si la política democrática no produce éxitos sociales y de integración nacional.

Aunque la biodiversidad es todavía un activo del país, es indudable que sin políticas eficaces seguirá reforzándose en la tendencia de degradación de suelos, zonas marinas y costeras, deforestación de bosques y escasez de agua dulce. Guatemala es uno de los países latinoamericanos más expuestos al cambio climático (sequías, tormentas), además que descansa sobre plataformas sísmicas.

Rostros sociales

El ritmo demográfico de Guatemala –uno de los más altos de Latinoamérica– seguirá en descenso la próxima década. El promedio de edad poblacional, apenas 18 años (similar a países africanos), subirá un poco. La población dependiente de adultos que laboran pasará de 5:1 a 3.5:1. Las demandas de servicios educativos, sanitarios y recreativos harán una fuerte presión al Estado, mientras las instituciones privadas de asistencia disminuirán sus recursos (excepto algunas iglesias).

La esperanza plausible para disminuir la pobreza son las remesas, pero en un ambiente que abate la producción de pequeña escala, esa inyección de dinero seguirá alimentando el consumo; además, las remesas dependen de la salud de la economía de EE.UU. y la reforma migratoria pendiente.
La economía informal se asocia a bajos ingresos de los trabajadores, nula cobertura social y exclusión del crédito. Hay correlación entre exclusión social y sentido de no pertenencia al sistema. Ese fenómeno tendrá consecuencias políticas y económicas importantes.

La brecha de bienestar crecerá reflejándose en enormes desigualdades y pérdida de lenguaje y valores compartidos en la pirámide social. Algunas situaciones podrían mejorar en este ciclo. Pero si el país fracasa en tomar el rumbo de la cohesión social podría caer en turbulencias políticas y escenarios de regresión.

Mapas de la seguridad

El mayor desafío de la seguridad no será ideológico, sino de disputa de territorios y poblaciones gobernadas por mafias. La asfixiante inseguridad en los centros urbanos presionará al Gobierno central a delegar facultades policiales en gobiernos municipales. Serán heterogéneos los modelos anticrimen, incluyendo liderazgos represivos tipo “mano dura”.

Se revelarán mayores retos para contener jóvenes que ingresan a las maras. Son niños y jóvenes de familias con poca estabilidad -padres emigrantes y subempleados, madres solteras trabajadoras- inducidos al alto consumo y horizontes cortos de vida. El Estado se verá compelido a montar redes sociales para incorporar niños marginados a sistemas de atención integrales: guardianías infantiles, jornadas escolares de ocho horas, vínculos funcionales entre educación y trabajo. De eludir ese reto, la ingobernabilidad de las calles se agravará.

Empujado por las presiones de mayor compromiso en la lucha antiterrorista y narcotráfico, el país irá a una mayor integración regional en seguridad. De coordinaciones entre países pasará a operaciones conjuntas. Las estaciones de EE.UU. serán tutores hasta garantizarse aliados fiables. Y, por su lado, las mafias trabarán alianzas estratégicas transnacionales para controlar territorios con débil presencia estatal y aparatos de seguridad cooptados.

La tendencia de integración económica regional mitigará riesgos de conflictos armados con otros estados. En ese contexto, podría sellarse el diferendo con Belice.

Economía y geopolítica

La débil base fiscal y la volatilidad de inversiones privadas urgirán a los gobiernos a sentar reformas tributarias que remuevan la estructura, o se entrará en una espiral de endeudamiento.
No está claro que el Estado pueda atraer a los informales a las cajas fiscales, pero los próximos tres gobiernos tendrán la opción de cerrar los anchos canales de elusión fiscal de las corporaciones (transferencias al exterior, operaciones off shore) siguiendo estándares mundiales. Y al hacerlo de manera eficaz, la carga tributaria se elevaría hasta 4 puntos (descontando la caída de ingresos por la apertura comercial).

Las vetas de formación de capital, asociadas al modelo extractivo –explotación de recursos naturales y habilitación de territorios en la Franja Transversal del Norte– modificarán la geografía económica y demográfica en la zona norte y algunos puertos. A ello se vinculará el impulso de inversiones regionales de México, España y Taiwán. El DR-CAFTA y otros tratados comerciales como el de la UE, empujarán las exportaciones –y tasas de crecimiento ligeramente arriba de la última década–, pero las noticias sobre empleo no son halagüeñas. Seguirá creciendo la economía informal y habrá otros flujos migratorios, a pesar de las restricciones.

Con mucho, la relación internacional más importante seguirá siendo EE.UU. El DR-CAFTA estrechará la dependencia comercial y económica, pero también ganarán terreno las empresas mexicanas y españolas. La relación con EE.UU. no estará inmune de tensiones. EE.UU. monitoreará ciertas cláusulas del DR-CAFTA, como patentes de medicinas y represión a la piratería. Eso abrirá tensiones con franjas empresariales que transitan en la informalidad y la economía del delito; será el hábitat de reclamos nacionalistas. Ciertas reformas contribuirán a la transparencia de los negocios y las compras públicas.

La inserción de Guatemala en el mundo global se irá ampliando conforme el mapa de Asia. Si bien China desplazó a Guatemala y Centroamérica en el mercado de textiles, se convertirá, junto con India, en comprador clave de materias primas (alimentos y minerales).

En los nichos de mercado internacional, integración, transferencia de tecnología e infraestructura, los empresarios harán la apuesta de negocios. La ampliación del canal de Panamá será la clave para las plataformas de negocios y la geopolítica regional.

Como el resto de Latinoamérica, Guatemala no aparecerá en la agenda prioritaria de EE.UU. (salvo estallido de crisis). La migración guatemalteca –e hispana en general– altera la estructura demográfica de EE.UU., sensibilizando las élites políticas de varios Estados y del Gobierno federal; a la vez favorecerá estrechos nexos culturales. Esa tendencia chocará con las políticas de seguridad interna de EE.UU. y la rigidez migratoria.

Cómo se labren las formas de inserción en el proceso de globalización y la calidad de gobernabilidad que se alcance, determinarán para Guatemala un escenario de precarización u otro de administración y reformas; medirán la capacidad de mitigar o dilatar fenómenos poco probables pero que, de ocurrir, tendrían un profundo impacto.

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