Más transparencia

Está por discutirse en el Congreso la iniciativa de ley de acceso a la información, presentada por las diputadas Nineth Montenegro y Rosa María de Frade. En la actualidad, la Constitución garantiza ese derecho al afirmar que “es libre el acceso a las fuentes de información sin censura ni licencia previa”. Esta declaración es casi tan amplia como la primera enmienda de la Constitución estadounidense que empieza con la famosa sentencia “Congress shall make no law…” que prohíbe limitar u obstaculizar una serie de derechos fundamentales: la libertad de culto, de expresión y prensa, la libertad de asociación y la de petición. Estas disposiciones constitucionales – tan parecidas en espíritu – se viven de manera muy diferente en Estados Unidos, donde se cumplen, y en Guatemala, donde suele prevalecer la regla de oro del autócrata: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
A pesar de que nuestra Constitución obliga al Gobierno a entregar toda la información que le sea requerida, en la práctica, los funcionarios cuentan con recursos para mantener en reserva los asuntos que consideran “delicados” o comprometedores.

Porque conozco las limitaciones del sistema, siempre he creído que debe existir una ley que haga operante el Artículo 35 de la Carta Magna, similar al Freedom of Information Act que existe en EE.UU. desde 1966. Sin embargo, al analizar la iniciativa de ley presentada , me surge una gran preocupación. Para que esta ley sea lo extensa que se requiere, debería establecer con claridad que toda información en poder de las autoridades es pública. La regla debería considerar dos excepciones: lo que pueda catalogarse como secreto de Estado, y lo concerniente a la intimidad de las personas. Lo primero lo prevé correctamente la iniciativa de marras: una ley específica deberá restringir la información “reservada” o “clasificada”, de manera clara y estricta, y, yo añadiría, con límites de tiempo, para que no se abuse de la figura.

La crítica que yo le hago a la propuesta tiene que ver con la segunda de las excepciones. La iniciativa define adecuadamente como “datos personales sensibles” aquellos que corresponden “al credo, religión, origen étnico, preferencias sexuales, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, salud física y mental, situación moral y familiar, y otras cuestiones íntimas de similar naturaleza”. Sin embargo, a lo largo del texto, la iniciativa no restringe el acceso a estos datos personales “sensibles”, sino a lo que llama de manera más general “datos personales”, sin decir cuáles son. Tanto así, que llega al extremo de prohibir a las instituciones gubernamentales revelar “datos personales”, salvo a “los interesados” directos, es decir a las personas mismas.

En la práctica, esta ambivalencia puede convertirse en una trampa y servir de excusa para cerrar fuentes de información. Por ejemplo, si ya resulta complicado acceder a procesos judiciales, que aquí y en todo el mundo civilizado constituyen registros públicos, ya me imagino cuánto más complicado será cuando los tribunales puedan alegar que los documentos contienen “datos personales”, como números de cédula, profesión, edad, direcciones, etcétera. Lo mismo sucede con algunos registros, como el Mercantil o el de la Propiedad, no digamos el archivo de protocolos de los abogados. Todos ellos contienen datos personales, y el hecho de que sean públicos no constituye una violación a la intimidad de las personas. Por el contrario, a pesar de la secretividad de las sociedades anónimas, es a través de estos registros que ha sido posible desenmascarar conexiones y vínculos en casos de licitaciones amañadas, desfalcos, fraudes y bellezas por el estilo. Si el acceso a esos datos se obstaculiza, vamos a lamentarlo más adelante.

La iniciativa de Montenegro y De Frade habla de promover una cultura de la transparencia. Para mí, ese es el tema de fondo. Si no somos transparentes hoy, como lo manda la Constitución, es porque no queremos serlo. La opacidad resulta cómoda y protectora, tanto para el sector público como para el privado.

Una ley de acceso a la información debe contribuir a cambiar el status quo, pero sin cerrar las puertas que ya tenemos abiertas.

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