Opinión:
Increíble, pero cierto
Los diputados eferregistas, durante la Legislatura pasada, fueron los
grandes impulsores de que el Estado de Guatemala se sometiera a la
jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ),
fundamentalmente con el objetivo de que en nuestro país se acatara y
cumpliera la sentencia de la CCJ a favor del ex presidente Alfonso
Portillo Cabrera (2000-2004), aunque finalmente no le benefició.
Por: elEditorial
La CCJ tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos; b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del sistema; c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los convenios, tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos; d) Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como tribunal competente; y e) Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo.
A la CCJ, además, se le atribuye competencia por los Tratados de Seguridad Democrática en Centroamérica y Marco del Mercado Eléctrico de América Central, así como por el Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central.
No obstante, ahora que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la normativa, relacionada con la comisión de postulación que debía elaborar una nómina de ocho candidatos para ocupar las dos magistraturas titulares y las dos suplentes de la CCJ que corresponden a Guatemala, los diputados eferregistas fueron los primeros que conspiraron contra el estatuto de la CCJ. El resultado fue que, mientras no se restablezca la comisión de postulación, Guatemala no aportará ni un centavo a la CCJ. ¡Qué tal!
Evidentemente, se ha planteado un franco desacato contra el fallo de la CC, ya que no tiene sentido que la Corte Suprema de Justicia elija a los magistrados titulares y suplentes, sin que el Estado de Guatemala cumpla con hacer el respectivo aporte financiero. ¡Qué irresponsabilidad!
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