La ineficiencia del gasto público

El gasto público, razón principal de una política fiscal, tiene como objetivo fundamental la mejora de las condiciones de vida de la población, por lo que debe existir una racionalidad entre gasto público y el desarrollo del país, el cual se mide con varios indicadores, entre ellos el crecimiento económico, la equidad distributiva, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la institucionalidad.
La eficiencia del gasto público es por tanto un aspecto esencial de la política gubernamental, la cual no debe medirse únicamente por la eficacia con que se ejecutan los recursos asignados a cada ministerio o secretaría de Estado. En nuestro medio se ha acostumbrado a medir la efectividad del gasto por lo ejecutado, en vez de medirlo por la eficiencia, esto es, si se ha logrado con el gasto público una reducción de la pobreza, si se ha facilitado el crecimiento económico, o si se ha fortalecido la institucionalidad. Para tomar un ejemplo, en los programas de inmunización se mide el número de niños vacunados, y según este resultado se asume el éxito o fracaso de la “jornada”; pero se descuida lo que debiera ser la medición central que tiene que ver con los indicadores de reducción de la morbilidad y mortalidad infantil que son, en última instancia, los que demuestran la eficiencia en el sector salud. La eficiencia del gasto público debe hacerse midiendo los efectos finales, y no únicamente el producto inmediato.

En un reciente estudio realizado en 19 países de Latinoamérica se midió el desempeño del sector público en el desarrollo en siete áreas relevantes en las cuales la responsabilidad gubernamental es central, siendo estas: equidad distributiva, estabilidad macroeconómica, desempeño económico, educación, salud, calidad institucional y pobreza, con las cuales se construyó el Índice de Desempeño del Sector Público (IDSP).

Así, para medir la equidad distributiva se utilizó el Coeficiente de Gini, el que arrojó que el país mejor calificado fue Nicaragua, el peor Bolivia, y Guatemala en el puesto 12 de 19. La estabilidad macroeconómica se midió mediante el coeficiente de variación de la tasa de crecimiento y la tasa de inflación, lo que nos ubicó en el puesto nro. 1 (el mejor), de 19; siendo el peor calificado Venezuela. El indicador de desempeño económico se midió con tres índices: la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, y el PIB por habitante, habiéndonos colocado con este indicador en el 7 de los 19 países latinoamericanos, siendo el peor calificado nuevamente Venezuela. El indicador de educación se midió con el índice de alfabetización y la tasa neta de matrícula primaria, dando como resultado que Guatemala se ubica en este indicador en la última posición, el número 19; siendo el mejor en este indicador Argentina. El indicador de salud se midió con la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil, indicadores que nos ubican en la posición 18, arriba del peor calificado que fue Venezuela; siendo el mejor calificado en este indicador Costa Rica. El siguiente indicador es el correspondiente a la calidad institucional, para el cual se utilizó el índice formulado por Kaufman, Kray y Mastruzzi (llamado índice KKZL), en el cual Guatemala se ubica en el puesto 16, siendo nuevamente el peor calificado Venezuela, y el mejor calificado Chile en el puesto 1. Y el último de los indicadores es el de pobreza, en el que nos ubicamos en el 13, siendo el peor Nicaragua, y el mejor calificado Uruguay.

Con los siete indicadores anteriores, se realizó el Índice de Desempeño del Sector Público (IDSP), que nos ubica en el puesto 14, siendo el peor ubicado Paraguay, y el mejor nuestro vecino Costa Rica.

En resumen, Guatemala está bien en estabilidad macroeconómica (puesto 1), pero muy débil en educación (posición 19); salud (puesto 18); calidad institucional (número 16), y pobreza (puesto 13).
La ineficiencia del gasto público en Guatemala se comprueba ampliamente ya que en los últimos 20 años (1998-2008), el presupuesto del Gobierno ha crecido en un 300 por ciento, de Q17 a Q42 millardos, mientras que la población ha crecido únicamente un 18 por ciento, y los indicadores antes mencionados, especialmente los sociales, no han mejorado a pesar del incremento en los ingresos. ¿A dónde se han ido esos miles de millones de quetzales? Por lo que se ve, a mayor burocracia y a otros fines espurios.

De manera que no es cuestión de subir los ingresos fiscales, sino de usarlos bien. Corresponde al Gobierno central y a los legisladores analizar esta realidad para que al promover una reforma fiscal, no se orienten únicamente por el lado del ingreso, sino que se fijen más en la mejora de la eficiencia del gasto.

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