La iniciativa de reforma fiscal del Gobierno, que todavía no entra a discutir el Congreso, fue tejida con aguja fina. Sería muy difícil que las grandes empresas se escabullan. Pero como bien se sabe, la estructura tributaria de un país no es un producto técnico sino político. Y en torno a ella, ya empezó, silenciosamente, la dura batalla que tiene dos contendientes principales: políticos y empresarios. Lo que ahí ocurra marcará el rumbo del régimen político en este período de fragilidad en varios campos.
Por: Edgar Gutiérrez
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Tras el fracaso del pacto fiscal en 2001, una comisión de seguimiento continuó labrando iniciativas sobre el tema. Entre los integrantes de esa comisión en 2007 estuvieron los actuales promotores de la reforma, Juan Alberto Fuentes y Carlos Barreda, ministro y viceministro de Finanzas, respectivamente. Ellos saben que una reforma fiscal se aprueba en el primer año de gobierno, o se vuelve tan onerosa como inviable. Y ahora está la urgencia que a partir de 2009 quedará el hoyo del IETAAP (Impuesto Extemporáneo y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz), más de Q2 mil millones que, en condiciones de altas demandas populares, sabotearía los programas sociales, el sello que quiere dejar esta administración. Un agujero de tal tamaño solo tiene tres parches: depresión del gasto, escalada de deuda pública o perturbación de la estabilidad macroeconómica, en un clima internacional temeroso, por el estancamiento del crecimiento que llegó acompañado de la inflación en los alimentos y la energía. Pero el ritual del paso por comisiones corporativas y otras consultas le consumió un tiempo vital al Gobierno, hasta que el escándalo de los Q82 millones del Congreso –que arrastró al líder de la oposición, Otto Pérez- le mascó los dedos al Ministro de Finanzas, justo entrando al Palacio Legislativo. Será difícil restaurar el clima de consenso que se vivió allí, entre abril y mayo. Pérez salió de la escena jurando pasar factura a las cabezas del Ejecutivo, a quienes responsabilizó que su imagen se viniera al traste; no obstante ciertos acuerdos parecen ir tomando cuerpo en los últimos días, sin que se lleguen a restaurar las aguas. Pero a nadie pasó inadvertido que en medio de la tormenta por el desvío de fondos a su cuenta personal, Pérez visitó a los directivos del Cacif, advirtiéndoles –exageradamente– que el presidente Colom era un Chávez en potencia. Como fuere, un mes más tarde se anunció el acuerdo de adhesión a Petrocaribe, que arquea la ceja de más de un poderoso empresario y de funcionarios de la Embajada de EE.UU y tienen ahora ocupados a Gobierno y partidos. Justamente es el Cacif, pero sobre todo el grupo de poder real detrás de las cámaras, conocido como G-8, de donde llega la principal oposición a la reforma fiscal. Se han reunido repetidas veces con el equipo de Gobierno, y este ha cedido en la gradualidad de puesta en vigor de las principales disposiciones. Pero el rechazo persiste, mientras el clima en la opinión pública tiende a ser crecientemente adverso. El envío de la reforma fiscal al Congreso ha sufrido varios retrasos, el último de ellos atribuido al cisma en Gobernación, tras la muerte trágica del ministro Vinicio Gómez. Pero dos semanas después de restaurarse el mando, sigue en el limbo. En los últimos días, el mandatario ha llevado reuniones bilaterales con líderes de varios bloques a quienes ha ofrecido amplias concesiones, como apoyo financiero a sus alcaldes y distritos. Colom, que tiene el respaldo de la comunidad internacional, se quiere asegurar los votos necesarios antes de enviar la iniciativa. A estas alturas, el Congreso tendría que programar un dictamen rápido y la discusión de la reforma al retornar al período ordinario de sesiones del pleno, previo a conocer la iniciativa del Presupuesto 2009. Si eso no ocurre, el camino se tornará cuesta arriba, pues la crisis económica sigue calando y los ataques al Congreso son cada día más sonoros. Además, la calidad de la inversión gubernamental sigue siendo baja y ahí el MAGA y Fonapaz son, notoriamente, el talón de Aquiles. El Cacif ni siquiera ha querido pronunciarse sobre la ley de acceso a la información pública, ahora en debate, para evitar conceder el mínimo de credibilidad a los diputados. Incluso, los empresarios podrían aceptar una extensión del IETAAP, con tal de evitar la reforma. Es que esta sí les cierra varias fugas de evasión tributaria a sus ganancias, tal como la SAT lo hizo en los últimos años con el IVA, que ha disminuido la evasión del 50 por ciento al 26 por ciento. |
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