El reciente asesinato del Fiscal que investigaba el caso Parlacen, y otros más, es una muestra más del deterioro del sistema de justicia. Se ha vuelto común que fiscales, jueces, agentes, grupos pro justicia y otros operadores sean víctimas de amenazas, agresiones y asesinatos. Es una de las herencias que nos dejó el conflicto armado interno. El sistema se volvió inoperante e incapaz de responder a estas situaciones. El asunto se ha tornado tan complicado, que incluso escasean las personas dispuestas a trabajar por el imperio de la Ley. Sería mejor si se crearan cuerpos elite de fiscales, agentes, jueces y abogados que tuvieran sus funciones de por vida, y que por norma de ley tuvieran la seguridad necesaria para impulsar la investigación, denuncia, acusación, defensa y condena de quienes resulten implicados en los distintos delitos. Y, además, que se reforme el Sistema Penitenciario para reinsertar a los detenidos y condenados, y evitar que se conviertan en nuevos apéndices de los grupos criminales. La CICIG tendría que ayudar en esto, pero hasta ahora no se ha visto su accionar.
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