La transparencia esencial para grandes acuerdos nacionales

Las autoridades de Gobierno, con excepciones por supuesto, y las instituciones del Estado han perdido en buena medida su credibilidad, precisamente por la falta de información del manejo de los recursos del Estado y por la falta de transparencia en los acuerdos políticos con los partidos que se traducen en una especie de “transacciones comerciales” para obtener, del Congreso, la aprobación de determinadas leyes, sobre todo en lo relativo al aspecto presupuestal. Menciono lo anterior porque el Congreso de la República estará recibiendo, a corto plazo, una iniciativa de ley de parte del Ejecutivo para que se apruebe por este alto organismo el convenio de Petrocaribe que, según el Ministerio de Energía y Minas, garantiza el suministro de combustible a Guatemala con condiciones de pago sumamente favorables. Sin embargo, a estas alturas el Gobierno de la República no ha informado de los términos en que Guatemala ingresaría en Petrocaribe y ni siquiera se ha dado a conocer el contenido del documento de adhesión que firmó el presidente de la República, Álvaro Colom, recientemente en Venezuela.

El mandatario ha mantenido un intenso cabildeo con los secretarios generales de los partidos políticos y los jefes de sus bancadas en el Congreso, pero tampoco se ha informado ni ha trascendido a qué acuerdos se ha llegado, por lo que se tiene una sensación de que se ocultan algunos aspectos que podrían ser negativos en esta transacción de compra de petróleo que de hecho se convertirá, si la aprueba el Congreso, como un crédito blando a 25 años plazo. Lo importante en mi criterio es que se produzca una discusión pública en base a información fidedigna suministrada por el Gobierno y que así se puedan conocer los pormenores de esta transacción económica, que esperamos no incluya compromisos políticos o de otra índole. No está en mi ánimo criticar la participación de Guatemala en Petrocaribe porque, como bien lo dijo el Financial Times, se trata de un contrato muy favorable para los países que participan de esta iniciativa, que con el ingreso de Guatemala y posiblemente de Costa Rica serán 19 en total.

La opinión pública exige un debate amplio y abierto sobre este importante tema en el que deben participar todos los sectores representativos de la sociedad civil, para que cuando se tome la decisión final en el Congreso hayan suficientes elementos de juicio para aprobar o improbar este multimillonario endeudamiento que pagaremos los guatemaltecos a largo plazo, pero que implica un aumento de deuda externa en forma muy significativa. La opinión pública exige conocer cómo se invertirán estos fondos. En este contexto urge la aprobación de la ley de libre acceso a la información. Guatemala está en crisis, cosa que nadie lo puede negar, el problema de la inseguridad ciudadana es tremendo, los niveles de violencia son extremadamente altos: asesinatos, secuestros, robo de vehículos, etcétera, son noticia diaria en los medios de comunicación, y aunque las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación ingresan con buenas credenciales, el desafío que tiene es enorme. A lo anterior hay que sumar el gravísimo problema del narcotráfico que ha echado sus raíces profundamente en todo el país. Por ello, extraña que el Gobierno parece no dar la importancia a este flagelo que golpea a distintos sectores de la población.

Es cierto que Guatemala no es el único país que lo sufre, pero el incremento que se ha producido en los últimos años es considerable y se ha llegado a tal extremo que, incluso, autoridades municipales o departamentales que conocen de cerca el problema lo ignoran en el mejor de los casos, o colaboran con los narcos por intereses económicos o por simple temor. En esta lucha contra el narcotráfico se hace necesario concientizar a todos los sectores. Nadie debe permanecer indiferente, y por ello considero que es indispensable una intensa campaña informativa a nivel nacional. La juventud guatemalteca merece conocer a fondo este problema. ¿No sería posible que el Ministerio de Educación diseñara esa campaña y le diera prioridad? Valdría también la pena considerar conferencias o seminarios sobre el tema en las universidades y en otros foros. La coordinación entre el Gobierno y la sociedad civil, en relación al problema del narcotráfico, se hace indispensable.

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