Qué pedirle a la ley de armas

En estos días los diputados consultan con varios sectores para soldar argumentos y parámetros de la controvertida y tantas veces frustrada iniciativa de Ley de Armas y Municiones. Es claro que la norma está atravesada por intereses comerciales, ilícitos, principios de no violencia y seguridad democrática, contratos de cabildeo (de las partes) y,  además, angustia de inseguridad ciudadana que cada actor político trata de capitalizar.

Escuchando los razonamientos me encontré con estos que traigo de ejemplos: “Ya que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad… que no impida que la gente honrada se defienda”; “de todos modos la gente ya está armada... una ley que quiera desarmar a los decentes será inaplicable o responsable de más muertes de inocentes”. Y en el otro bando: “La proliferación de armas pequeñas y ligeras eleva exponencialmente los actos violentos, volviéndolas un recurso fácil y mortal hasta en las riñas intrafamiliares”; “el descontrol de armas y municiones engorda los bolsillos de algunos comerciantes y contrabandistas, y solo agrava el estado de inseguridad”, etcétera.

No volveré sobre lo obvio. Quiero apuntar hacia el sentido que debería tener una norma sobre armas y municiones en la etapa incontrovertiblemente anarquista que el país atraviesa en el campo de la seguridad. El mercado de armas es, como digo, anárquico y la frontera entre lo legal e ilegal no sólo resulta tenue sino corrediza. Es producto de una apuesta recia a la cobertura de una impunidad firme y duradera. Por eso quien comete un acto contra la vida nunca se ocupa del arma. Puede estar o no registrada, seguirse o perderse la pista de sus responsables que, para el efecto penal, da lo mismo.

Es la razón por la cual la norma debe centrarse en un solo propósito: que las autoridades ganen un robusto control del mercado de armas y municiones a través de una institución y un proceso fiable de registro. No veo otra manera de romper el hilo de plomo que soporta el formidable monumento a la impunidad. Que la investigación criminal ya no descanse (solo) en testigos vulnerables (eliminables, chantajeables, aterrorizables, que nadie sabe proteger) sino en pruebas balísticas, peritajes, como es ahora en el mundo de la tecnología. Este sí es un atajo válido contra el crimen. Si la ley logra que quien reclama portar armas sea fichado como responsable de su uso y destino, habremos ganado algo por encima de intereses pecuniarios, reflejos ideológicos y temores mal enfocados.

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