La tarea necesaria para que el fiscal general, Amílcar Velásquez Sárate, es prácticamente gigantesca. En el tiempo que tiene para ejercer el rol de conductor de la persecución penal en Guatemala, ha de trabajar para asegurarse del cambio de rumbo sostenible, en el Ministerio Público (MP).
El nuevo fiscal recibe una institución cuestionada por ineficiencia, arbitrariedad, corrupción y amparo de la impunidad. Con tasas de eficiencia que no superan el cuatro por ciento, la oficina que constituye uno de los pilares de la justicia en el país tendrá que remontar el estado catastrófico en que la han dejado las administraciones que la han conducido desde su existencia y que fue profundizada en los últimos años.
Una tarea que Velásquez Sárate podrá emprender sí y solo sí, cuenta con el respaldo necesario en la institucionalidad política del país. La garantía jurídica de la normativa para desarrollar la carrera fiscal es determinante para fortalecer el funcionamiento de las y los profesionales que presten sus servicios en la fiscalía. En tal sentido, no se trata de utilizar la aprobación de dicha ley como pieza de negociación en el legislativo sino como herramienta de la consolidación democrática.
Hacia dentro de la institución, llevar a feliz término los procesos que sean necesarios para ordenar y limpiar la casa, de manera sostenible. Requisito que implica hacerlo en el marco del Estado de derecho para evitar arbitrariedades y abusos. Cualquier acción que se emprenda, ha de enviar un mensaje claro, contundente e inequívoco: la entidad que tiene la tarea de la persecución penal en Guatemala está limpiando su cuarto para que con la sociedad en conjunto se pueda asear toda la casa y mantenerla limpia de bichos y alimañas.
Sin embargo, no será posible avanzar en la persecución penal profesional,si las fiscalías y dependencias del MP se mantienen contaminadas y sin control o si por el contrario, quienes laboran con estricto apego a la labor judicial ven vulnerados sus derechos y su carrera por la acción criminal de la impunidad y sus representantes.
Establecer indicadores de funcionamiento y eficiencia, desarrollar parámetros para medir las respuestas institucionales a la criminalidad. No dar respiro al crimen enquistado en el aparato social y político, son algunas de las acciones que ha de emprender el nuevo jefe del MP.
Solo en la medida en que la fiscalía se encamine a dar respuestas efectivas y sostenibles a la violencia, el crimen y la impunidad, habrá de encontrar una sociedad dispuesta a darle apoyo y fortalecerla.
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