Una sola policía nacional, ya

El 1 de marzo de 1932 el niño de 20 meses Charles A. Lindbergh Jr. fue secuestrado en Hopewell, un pueblo de N. Jersey. El secuestro se volvió noticia inmediatamente porque el padre del bebé era el coronel Lindbergh, primero en volar sobre el Atlántico, y A. Morrow, hija de D. Morrow, embajador de EE.UU. en México, amigo del presidente Calles, y que con W. Lippman y el coronel House, fue negociador que ayudó a poner fin a la Guerra Cristera.

En las siguientes semanas se produjeron múltiples intercambios entre el secuestrador, padres y autoridades de N. Jersey y de N. York, y también del Gobierno Federal representado sin mayor capacidad jurídica por el FBI. El 12 de mayo fue descubierto el cadáver a unos cuantos kilómetros de la casa de los Lindbergh; el niño llevaba dos meses de muerto.

La conmoción fue tal por ser quien era “bebé, padre y madre” que de inmediato el 17 de junio, es decir cinco semanas apenas después de descubrir el cadáver, el Congreso aprobó la Ley Lindbergh Anti-Secuestro, que para fines prácticos determinó que todo secuestro era ipso facto delito federal y se perseguía de oficio por el FBI (el detalle jurídico es más complejo pero se puede resumir así).

A partir de ese momento el FBI pudo entrar a la lucha antisecuestros. La historia del FBI está sacralizada por la serie de TV protagonizada por E. Zimbalist, Jr. pero nunca fue tan gloriosa como la imaginó su fundador J. E. Hoover, ni sus admiradores. En muchos aspectos ha sido una institución infame, pero puso prácticamente fin a los secuestros a partir del caso Lindbergh.

Todo esto viene a colación a propósito del caso Martí. Más allá de la tragedia, la pregunta es qué se puede hacer y qué no se ha hecho para limitar, primero, y erradicar después la práctica del secuestro en México. Por supuesto no consiste en establecer la pena de muerte, y quizá tampoco la cadena perpetua, que por cierto ambas existían en algunos estados de EE.UU. (En México la pena de muerte fue suprimida en 2005 en votación unánime de los partidos, con excepción de dos senadoras del PRI).

Hay dos posibilidades que han sido comentadas por personas que saben mucho más de esto. La primera es justamente, a la Lindbergh, la federalización ipso facto y la persecución ex officio del secuestro como delito. En México hoy el secuestro es un delito, si entiendo bien, de carácter concurrente, es decir, investigado y perseguido tanto por las autoridades locales como por las federales. Pero no es en automático un delito federal, entre otras razones porque no existe en México un código penal único en el país; sin embargo hay delitos que se suelen subsumir bajo la figura de delincuencia organizada que sí son en automático federales. No es una panacea pero no existe la menor duda de que la AFI a partir de principios del sexenio pasado había logrado una pericia y una eficacia en el combate a los secuestros que muchos familiares de víctimas pueden comprobar.

La segunda propuesta que muchos hemos formulado hace tiempo, la retomo del lector Juan Bravo que el día de ayer escribe a Reforma proponiendo la creación de una policía nacional única. Esta propuesta que comparto plenamente tuve la oportunidad de formularla hace casi ya 5 años, e incluso en una ocasión fue asumida como propia por el candidato Felipe Calderón en una reunión con el consejo editorial de Reforma y generosamente atribuida a mi persona. El problema es que una policía nacional, si no es única, no sirve de nada. En México hoy en día, grosso modo, hay 15 mil policías federales y 350 mil policías estatales y municipales. No hay manera de que los 15 mil limpien a los 350 mil; en cambio hay todas las maneras del mundo de que entre los 350 mil, que en general sirven de poco, no haya quien ensucie a los 15 mil federales desamparados, rotados, y totalmente dependientes de las fuerzas armadas.

La idea de una policía nacional que no sustituya a las locales es una idea coja. O bien se establece un código penal único en el país y se crea una policía nacional única que sustituya a las existentes, o bien las existentes van a contaminar interminablemente a la policía nueva que se cree, llámese PFP o PF, tenga uniformes grises o azules. Llevamos 10 años desde que Zedillo y Labastida tuvieron la idea de arrancar por este camino. Seguimos recorriéndolo sin llegar a ningún destino. A Calderón le queda cuando mucho un año y medio para alcanzarlo. Ojalá lo haga, por el bien de las víctimas y de todos los mexicanos.

*Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México.

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