Como su nombre lo indica, se trata de temas que por su interés deben ser del conocimiento general de la sociedad. No es dable a ningún funcionario, de cualquier estamento del Estado, ocultar o manipular información pública, que esté bajo su resguardo por razón de competencia o funciones del puesto que ejerce. La Constitución Política de la República es clara y taxativa: “todos los actos de la administración son públicos”. Señalando las excepciones. Lo que se pretende con la ley de libre acceso a la información, es desarrollar estos mandatos, tipificando el delito y prescribiendo sanciones, pues visto está que la prescripción constitucional no logra, hasta el día de hoy, su objetivo. Sin embargo, por inconcebible que parezca, el contenido de esta normativa, pilar del Estado democrático, ha sufrido ocho años de debates, –o para mejor decir, de escamoteos y dilaciones “güizachescas”–, a cargo de nuestros políticos “de carrera”.
Para detener la iniciativa de ley sobre la materia, se ha acudido a argumentos tan pueriles, como el secreto de Estado, –propio del oscurantismo–. Durante las dictaduras militares estuvimos limitados y atenidos a lo que pudiera filtrarse de información oficial. Ahora el solo hecho de que tengamos que bregar por una ley, para obligar a empleados a brindar información sobre el manejo del Estado y los recursos públicos es ya una situación que riñe, incluso con el estado de legalidad que ahora tenemos. Los que hemos acudido –por razones laborales, de acuciosidad ciudadana o rigurosidad científica–, en búsqueda de información en los entresijos y rincones del Estado, sabemos lo que es estar a merced de la discrecionalidad del funcionario público. Y en esto no hay diferencia entre altos, bajos o medianos; existe una cultura, quizá secuela de la guerra interna, de ocultar información “de oficio”, es decir, sin que medie ley u orden. Esto es nefasto.
El acceso y uso responsable de la información en cualquier país democrático, se estimula, existe plena conciencia de que llevar las cuestiones públicas al alcance ciudadano, no solamente pone cortapisas a la corrupción, sino, más importante aún, actualiza y clarifica la interpretación de la realidad, y genera mejores propuestas de solución a la problemática nacional. En consecuencia, las organizaciones sociales debemos insistir ante el ex honorable Congreso Nacional, a efecto legisle para hacer de la transparencia en la función pública. La regla, no la excepción.
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