Violencia criminal sacude a México

Lo que está sucediendo en el vecino país debe ser motivo de gran preocupación. El reciente secuestro y asesinato de Fernando Martí de 14 años, hijo de un gran empresario, en la ciudad de México conmovió y sacudió la conciencia de todos los sectores de ese pueblo hermano. Fue como la gota que colmó el vaso de la frustración y el desaliento. A pesar del inmenso esfuerzo del gobierno de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado, parece que los carteles de la droga han logrado en alguna medida neutralizarlo. Desde su llegada al poder, el presidente Calderón ofreció hacerle frente a las organizaciones criminales enraizadas en todos los sectores. Sabido del poder de las mismas llamó al Ejército y le ordenó lanzar una ofensiva combinada con las fuerzas de seguridad confiables  para “recuperar territorio” en manos y bajo control del narcotráfico. Se trazó una estrategia y se escogieron determinados estados como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Baja California y otros como prioridades impostergables. Pero después de casi un año y medio del inicio de las acciones de seguridad se tiene la impresión que los avances iniciales o se han estancado, o han perdido ímpetu. Nadie puede dudar de la voluntad política del mandatario mexicano de acometer la difícil tarea de erradicar, o por lo menos debilitar el poder del crimen organizado, pero es evidente que en el pasado no se le puso la atención debida y más bien se le toleró o se le ignoró por parte de las autoridades. Quizá se consideró que era un mal menor y se le dejó crecer hasta que adquirió unas dimensiones insospechadas. No cabe duda que la responsabilidad de la situación no se le puede cargar únicamente al actual Gobierno o a los gobiernos anteriores. A este mal de males es necesario enfrentarlo con creatividad y decisión y con el concurso de todos los sectores. Nadie puede rehuir su participación, y por ello el Gobierno ha llamado a la unidad y la opinión pública exige acción. Los secuestros, los asaltos, los asesinatos, el denominado femicidio que ha cobrado innumerables víctimas en Ciudad Juárez, por ejemplo, son parte de una ola de violencia que enluta a todo el país.

Las cifras del periódico El Universal son reveladoras: 2 mil 682 personas asesinadas en lo que va del año prácticamente duplicando las del año pasado son escalofriantes. Los sicarios actúan a todas horas y todos los días en abierto desafío a la autoridad constituida. Los estados de Chihuahua y Sinaloa encabezan la lista en el número de crímenes que incluyen como víctimas a jefes policíacos, dirigentes políticos y sociales locales, empresarios, etcétera. Las sangrientas luchas entre carteles de la droga que se diputan mercados y territorio se dan con toda intensidad, y la presión que sienten sus jefes los obliga a moverse a Centroamérica, en especial a Guatemala. La crisis ha obligado al presidente Calderón, en cumplimiento de la ley, a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y se espera que la primera reunión con Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno de Distrito Federal rinda frutos. Desde que Calderón llegó a Los Pinos no se había reunido con Ebrard, pues éste se rehusaba a reconocer su legitimidad. Pero la política es el arte de lo posible y se espera que el diálogo produzca un acuerdo por lo menos en materia de seguridad. México se encuentra en una encrucijada, corresponde a los mexicanos encontrar el camino adecuado. El plan Mérida recién aprobado es un buen paso, pero falta un mayor compromiso del Gobierno, los partidos políticos, el empresariado y la sociedad civil.  Guatemala tampoco se puede dar el lujo de ignorar las realidades.

El Gobierno social-demócrata, da la impresión de manejar diversos discursos sobre los mismos temas, pero en lo relativo al narcotráfico y al crimen organizado hay que ser definidos y no ir a medias tintas.  Creo firmemente que a estas alturas el Gobierno debe considerar la posibilidad de integrar un consejo conformado por personalidades de reconocida capacidad y solvencia moral para que asesore sobre el tema.  Es también momento propicio para exhortar al Ministro de Gobernación para que se pronuncie sobre este problema.  El continuar hablando de controlar la violencia sin especificar lo relativo este gravísimo problema es mantener las políticas desafortunadas del pasado que hicieron caso omiso de esta amenaza.  Las políticas de convivencia o coexistencia son sumamente peligrosas y engañosas.  Guatemala no requiere más de lo mismo con distinta retórica.

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