Arranca el debate de la ley de acceso a la información pública

El debate para fijar la propuesta le ley de acceso a la información pública comenzó ayer, con más cambios en la forma que en el fondo, con disquisiciones, a veces terminológicas y a veces acerca de dónde colocar los signos de puntuación, que se extendían hasta una hora. Pero, en medio de todo, sobresalió la disputa entre el diputado unionista Mariano Rayo y media docena de legisladores, que se oponían a su intención de incluir la palabra “interesado” en la redacción del Artículo 3, referente a quién tiene derecho a pedir y obtener la información.

Rayo consideraba necesario emplear el término, que ya aparece en la Constitución, para mantener la coherencia. Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala y una de las ponentes de la Ley, y Aníbal García, de Encuentro por Guatemala, encabezaron la oposición, al considerar esto una treta unionista para que, al final, la autoridad de turno pueda decidir qué es “interesado” y poder negar la información a quien no entre en dicha categoría. Diputados de varios partidos se fueron adhiriendo a esta idea e incluso le dirigieron comentarios relativos a “una municipalidad” a García, cuyo litigio con el consistorio capitalino por la información de los fideicomisos es conocido.

Mientras tanto, Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión, defendía alternativamente una posición y la otra.

Al final, cuando el grupo de De Frade admitió la palabra “interesado”, pero pidió que se definiera para que toda persona tenga acceso a la información sin que le pidan que justifique su interés, Mariano Rayo bajó los brazos. Aseguró sentirse ofendido por los prejuicios e insinuaciones de sus compañeros, y retiró la propuesta.

La jornada no dio para mucho más. La redacción final del artículo, que incluye los fideicomisos y dos agregados del partido oficial, fue todo el fruto obtenido. Uno sobre la naturaleza de la ley, y otro sobre su objeto. Primero, el ámbito de aplicación abarca la información contenida en los archivos de cualquier tipo. Segundo, es de orden público y de aplicación general. Los congresistas vieron las adiciones como positivas. Sin éxito, los unionistas intentaron incluir una enumeración de las instituciones a las que afectará dicha ley.

En declaraciones posteriores al debate, Rayo manifestó que la inclusión de los fideicomisos contradecía a quienes hasta ahora han insinuado malas intenciones por parte de su partido, y se mostró satisfecho con el resultado de la mañana.

García Rodas pidió a los diputados que asistan a la próxima sesión, que tendrá lugar el lunes, con las redacción final de sus modificaciones.

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