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Guatemala, martes 26 de agosto de 2008

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Opinión:

Enriquecimiento ilícito

Hay que restablecer este delito en nuestra legislación. 

José Alejandro Arévalo Alburez

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
En general, se entiende que la autoridad, funcionario o empleado incurre en enriquecimiento ilícito cuando,  con motivo de su empleo, cargo o desempeño en el servicio público, no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de ingresos o bienes a su nombre o de su familia, o en empresas o personas jurídicas de cualquier naturaleza, de su propiedad.

Aunque desconocido y poco aplicado conforme a su espíritu y letra, en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  emitida en enero de 1998, quedó establecido el mecanismo para detectar el enriquecimiento ilícito, trasladando la carga de la prueba al funcionario o empleado de la institución.

En la SAT, es el funcionario o empleado quien debe demostrar el origen de sus ingresos, bienes y patrimonio, y cualquier variación que exceda sus ingresos ordinarios.

Además del cumplimiento de las obligaciones que estipula la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos (que establece la popularmente denominada Declaración de Probidad para la Contraloría General de Cuentas), se establece que todo el personal de la SAT debe presentar, previo a la toma de posesión y también anualmente, una declaración jurada patrimonial comparativa, consignando la explicación sobre el origen de los cambios de su patrimonio, de su cónyuge e hijos.

Los funcionarios y empleados de la SAT tienen prohibido solicitar o aceptar, directa o indirectamente, de los contribuyentes, responsables tributarios o de los usuarios de los servicios aduaneros, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza con motivo del ejercicio de sus funciones. Esta prohibición se extiende a los padres, cónyuges e hijos.

La unidad de investigaciones especiales de la SAT debiese estar verificando las declaraciones juradas patrimoniales comparativas de todos los funcionarios (Superintendente, asesores, gerentes, subgerentes y jefes) y selectivamente las del resto de empleados; y, sin excepción, todos los casos de denuncia o sospecha de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados.

El restablecimiento del delito de enriquecimiento ilícito que abarque a toda la administración pública, vendría a consolidar el marco legal necesario para la persecución oportuna de la trilogía delictiva que conforma junto al peculado y el cohecho.

Esta es otra manera de avanzar en la lucha contra la impunidad galopante que, en esta y otras materias, aqueja gravemente a nuestra sociedad.
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6 comentarios:

  1. Jose Enrquez : (2008-08-26 15:12:07 horas)
    Hablando de enriquecimiento ilicito & de funcionarios corruptos exijo la investigacion de este medio del Sr. Jorge Dominguez (Secretario Prvado de Asuntos Estrategicos) el y su hijo andan ofreciendo prestamos a las municipalidades del pais, este personaje se le ve en los hoteles capitalinos ofreciendoles el Oro Y el Moro a los alcaldes, los cuales caen cual mosca a las miel, La ley dice que el empleado publico no puede favorecerce ni a si mismo ni a su familia del uso del puesto en el estado., Conflicto de Intereses
  2. Estuardo Ibarra: (2008-08-26 13:33:03 horas)
    que hacer esta claro desde hace mucho tiempo.. la pregunta es: alguien tendra la voluntad politica de impulsar algo asi?? no creo ya que entonces no habria motivaciones para meterse a politica..
  3. helaman avalos: (2008-08-26 10:03:34 horas)
    Sr. Arevalo: Considero muy oportuna su escrito y yo iria aun mas alla. Si pudiera decretar una ley seria mas o menos como esto: TODO EMPLEADO PUBLICO QUE ROBE Q.0.01 DE LAS ARCAS DEL ESTADO SERA DECAPITADO EN UN LUGAR PUBLICO DECLARANDO LA RAZON PORQUE SE EJECTURA. LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS QUE ROBEN Q.0.01 O MAS SE LES CONFISCARA TODO PATRIMONIO QUE POSEAN. LOS PADRES Y ABUELOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS QUE ROBEN Q.0.01 O MAS SE LES CONFISCARA TODO PATRIMONIO QUE POSEAN. Asi de simple seria la ley y entonces veriamos cuantos empleados publicos se atreveria a robar, creo que si uno de ellos lo harian, aun sus propios hijos o padres o abuelos los lincharian y los entregaria a la justicia o los decapitarian. Ojala el pueblo Guatemalteco hiciera presion a sus representantes en el congreso para que aprobaran una ley asi de simple, asi nos evitariamos departamentos de transparencia, contralores mafiosos, jueces corruptos, polciias sin verguenza, en fin todos estos mafiosos que tenemos en el poder. Pueblo preparense para Noviembre....haremos lo que nunca se ha visto en Guatemala....levantemonos y seamos valientes..... Al gobierno solo le queda estos pocos meses....En noviembre invitamos a todos a levantarse y exigir sus derechos.....
  4. Rafael Catalan: (2008-08-26 09:30:59 horas)
    Esto ya es de conocimiento publico pero que se aplique, ese es el reto. Desgraciadamente creo que como siempre en el papel todo esta dicho pero a nadie le preocupa ni interesa.
  5. Maria Rosado: (2008-08-26 08:57:03 horas)
    Definitivamente se deberia de hacer, pero obviamente es otra ley que no se cumple. Se debe de aplicar a todo aquel individuo que trabaje con el gobierno, desde las esferas mas altas, el Ministerio de Finanzas, la Contraloria de cuentas, a los empleados de todas las aduanas cuyos puestos son tan codiciados porque son lugares claves e ideales para el enriquecimiento ilicito, dadivas, regalos y demas. La ley no deberia quedarse en la palabra escrita y archivada, debe cumplirse, hay personajes cuyos salarios no concuerdan con el estilo de vida que llevan, estan lucrando con los impuestos del contribuyente, la burocracia, el poder desde el escritorio, se ha convertido en el robo desde el escritorio. Que se aplique la ley sin favoritismos de ninguna indole.
  6. Manuel A. Lopez: (2008-08-26 06:51:38 horas)
    esta ley y tipificaciòn son urgentìsimas, y hay que obligar al Congreso a lanzarlas, obviamente por la buena voluntad del Congreso no se va a dar, ellos son los primero a los que no les conviene, pero no es cuestiòn que quieran o no, lo tienen que hacer como empleados del pueblo de Guatemala, pagados con nuestros impuestos. Ya no mas Meyers, ni Ruben Darios Morales, Portillos, Abadios, y la lista de ladrones es vergonzosamente larga..
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