Frente a las garras empresariales, es legítimo defender el agua.
Rosalinda Hernández Alarcón
En un ambiente poco esperanzador, vale rescatar ejemplos en los que se demuestra la legitimidad de la acción social. Me refiero a las expresiones organizadas de la sociedad civil que están luchando en defensa del agua, ante la amenaza de empresas transnacionales que sin ética alguna contaminan el vital líquido.
Entre éstas se cuentan las consultas populares realizadas en este país, las cuales han hecho evidente el rechazo a la industria minera, por ser fuente de contaminación de las aguas que garantizan la vida a comunidades indígenas y campesinas.
Por mucho que digan que las consultas no sirven porque no son vinculantes, lo cierto es que ahí donde se han realizado, lo más importante es que quienes decidieron expresar su opinión y participaron, dejaron atrás la desesperanza que provoca la permanente violación a las leyes y la recurrente impunidad. Sólo hay que pensar, el incumplimiento a la legalidad en que han caído diputados, funcionarios de alto nivel, jueces, policías y elementos de las fuerzas de seguridad, por mencionar algunos.
Cuando ciudadanas y ciudadanos deciden constituirse en actores políticos, es muy importante porque muestran que tienen antídotos para resistir lo que este sistema pretende: acabar con la capacidad de protesta. Las consultas, marchas y otras acciones de presión social son legítimas cuando la realidad demuestra su sentido ético. Así las cosas, hay actores que supuestamente dicen defender la legalidad, pero carecen de ética al anteponer el lucro sobre el bienestar de las personas. Por todo ello, cobra vigencia ir contra corriente, el paso se ha cerrado a empresas mineras en determinadas comunidades donde efectuaron consultas populares.
El Tribunal Latinoamericano del Agua carece de jurisdicción para que sus resoluciones sean vinculantes. Ello no significa que carezca de legitimidad. En su audiencia pública realizada esta semana en Antigua Guatemala se presentaron 10 casos, en los que se demostró que los recursos hídricos de comunidades indígenas están en peligro. De tal manera, que la relevancia de esta instancia social es que las personas afectadas asumen su papel como sujetos de transformación, no objetos pasivos que quieren los “inversionistas extranjeros”.
Otra expresión social en defensa del agua, la constituyen organizaciones de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Chiquimula, que exigen la suspensión de más de 200 solicitudes de licencias de exploración y explotación minera química de metales y la revocación inmediata de las 45 concesiones. Otra de sus demandas se refiere a derogar acuerdos ministeriales que autoriza la explotación de recursos hídricos, entre ellos, ríos. ¿Es esto o no legítimo?
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1 comentarios:
Roberto Ximenej: (2008-09-13 08:16:07 horas)
Lo triste y sin moral de todo esto es que puede haber explotación de minas sin hacer daño y dejando las cosas mejor y dando mas trabajo a los vecinos y sobre todo dando mas regalías al país.
La minería no es un monstruo. Se convierte en monstruo cuando se hace sin contar el factor humano y se utiliza la corrupción para ganar mas.
Los mejores negocios son en los que todos salen ganando, o no. Pero cuando somos azadón, mejor se regresan por donde vinieron, por que la puerta no se ha hecho mas angosta.
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1 comentarios: