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    Guatemala, lunes 22 de septiembre de 2008

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    OPINIÓN

    El Iso es inconstitucional

    elEditorial

    El actual Gobierno pretende que el denominado Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) -(Decreto 19-04 del Congreso)- sea sustituido por el Impuesto de Solidaridad (Iso).

    El Iso es una reedición del IETAAP, que, a su vez, fue una reedición del Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal (ISET), emitido durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), el cual fue calcado en la Ley del Impuesto Extraordinario y de Emisión de Bonos del Tesoro de Emergencia (Decretos 58-91 y 67-91 del Congreso), emitida durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993).

    El ISET (Decreto 31-96 del Congreso) fue sustituido por el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), durante el régimen arzuísta. El IEMA fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en las postrimerías del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). Sin embargo, durante el gobierno de Berger, se restableció el IEMA bajo la denominación de IETAAP, a pesar de su notoria inconstitucionalidad.

    El Iso, al igual que el IETAAP, el IEMA, el ISET y el Extraordinario de Serrano, es, además de antieconómico, inconstitucional.

    El Iso grava directamente el patrimonio de las empresas mercantiles y agropecuarias, lo que redunda en una manifiesta descapitalización de las mismas, sobre todo en momento de crisis económica como el actual. El Iso también castiga la inversión privada, porque impide que las empresas puedan reinvertir sus utilidades y ampliar su capacidad productiva instalada.

    Por otro lado, las disposiciones del proyecto de la ley del Iso violan: A) El principio de capacidad de pago (contributiva) y la prohibición de impuestos confiscatorios, consagrados en el Artículo 243 de la Constitución; B) La exigencia de un sistema tributario justo y equitativo, prevista en los Artículos 239 y 243 de la Constitución; y C) La exigencia de seguridad jurídica, certeza y razonabilidad de los tributos, consagrada en los Artículos 2 y 3 de la Constitución.

    Asimismo, el Iso es incompatible con las siguientes obligaciones fundamentales del Estado, previstas en el Artículo 119 de la Constitución: 1) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 2) Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización; 3) Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión; y 4) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros.

    elEditorial

    21 septiembre 2008

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