La brecha entre las leyes y la realidad es uno de los principales problemas en Guatemala. Aquí, al igual que en muchos países latinoamericanos, existen leyes que nadie cumple y vacíos legales inverosímiles. La relación entre normas y prácticas en países débiles institucionalmente es compleja.
Unas veces, buenas prácticas superan normas obsoletas y empujan a procesos de reforma jurídica, de la misma manera que otras veces , buenas normas reconfiguran prácticas obsoletas y coadyuvan al cambio institucional. Actualmente, la demanda ciudadana contra la corrupción ha provocado la discusión de la ley de acceso a la información pública en Guatemala, la cual será finalmente leída por artículos, redactada en su versión definitiva y aprobada el día de hoy por el Congreso de la República.
De ser aprobada, la ley tendrá como objeto garantizar el derecho de toda persona a acceder a la información pública y se basará en los principios de máxima publicidad y transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos. Los sujetos obligados serán todas las personas públicas o privadas que manejen, administren o ejecuten recursos públicos o actos de la administración; incluyendo a las empresas contratistas del Estado y los fideicomisos. Los sujetos obligados deberán publicar en portales electrónicos información como los salarios de cada cargo público, el presupuesto de ingresos y egresos asignados para cada año fiscal; así como crear unidades encargadas de recibir y tramitar todas las solicitudes de información. La ley también consignará qué debe entenderse por información reservada y confidencial, el procedimiento para clasificar la información pública y un plazo de reserva de siete años. Finalmente, quien obstruya el acceso del solicitante a la información requerida en forma arbitraria o injustificada, será sancionado con prisión de uno a tres años, inhabilitación especial y multa de Q10 mil a Q50 mil; entre otros delitos contemplados en la ley. Una realidad plagada de escándalos de corrupción y, la necesidad de contar con nuevas prácticas, empujaron a los diputados a aprobar la ley de acceso a la información. De ser aprobada hoy, la ley será sólo una oportunidad para eliminar prácticas obsoletas y coadyuvar al cambio institucional. La eventual aprobación será sólo el primer paso para mejorar la transparencia, la ley será sólo el comienzo, el resto nos corresponde a todos los ciudadanos guatemaltecos.
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