Ampliar imágen
Foto:
Johan Ordóñez
el jefe de la CICIG y el jefe de la UNE. Castresana decidió entregar el documento a dicho partido, por ser la bancada mayoritaria.
“Sólo lo que atañe a la CICIG”, fue la expresión de Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al aludir al extenso paquete de reformas que entregó ayer al jefe de la bancada oficial, Mario Taracena.
La iniciativa 2290 (Ley de Armas y Municiones) tiende fundamentalmente a ratificar la creciente privatización de la seguridad ciudadana en Guatemala, contribuyendo aún más al debilitamiento del Estado. Entre el 75 y el 85 por ciento de los delitos se cometen con armas no registradas. Los órganos de investigación no cuentan con una huella balística ni datos relacionados con el arma, observa el informe de Castresana que acompaña las recomendaciones.
La CICIG recomienda la prueba balística y el registro de todas las armas que entran al país, además de regular las prohibiciones para fabricarlas, importarlas, intermediarlas y exportarlas, y también de las municiones y sus componentes. Igualmente exige regularizar el marcaje de cada una de sus piezas, componentes y municiones durante el proceso de fabricación e importación, incluso en el caso del armamento incautado.
Se obliga un certificado de autorización de transferencias de lotes de armas, piezas, componentes y municiones que tendrá validez para una sola transferencia. Los fabricantes de armas necesitarán licencia especial del Digecam. Además, establece un banco de datos con un registro diferenciado para cada actividad, transferencia o transacción de armas de fuego .
Otras sugerencias están encaminadas a tipificar la manipulación de marcas de arma de fuego, el tráfico ilícito, piezas, componentes, municiones, así como su fabricación. También se pretende establecer la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas en la manipulación ilícita de las armas.
Más protección para los testigos
Otras sugerencias de la CICIG, además de los cambios a la iniciativa de armas, están orientadas a la Ley de Amparo. Su abuso “conduce a la impunidad y a la no prevalencia del estado de derecho”, advirtió, Castresana.
El 76 por ciento de los casos del período, mientras se elaboraban las propuestas de reforma de la CICIG entregadas ayer, estaban destinados a impugnar resoluciones jurídicas; 8 de cada 10 fueron amparos. Para corregir estos entuertos se proponen reformas de los Artículos 10,13,27,182 de la Ley de Amparos.
En tanto, se propone la modificación de los Artículos 1, 3, 6, 7, 8, y 16 de la Ley en materia de Antejuicios. Una de las más relevantes es la que establece que sólo se podrá gozar de antejuicio por actos en el ejercicio del cargo.
El paquete también incluye modificaciones al Código Procesal Penal, como la utilización de videoconferencias, la protección a los testigos y colaboradores de la justicia, que se traduce en el cambio de residencia dentro o fuera del país en la que se incluya gastos de vivienda y transporte, la protección en su casa y en su lugar de trabajo, así como el cambio de identidad de la persona. Para este fin, la CICIG agregó 14 artículos y modificó los número 92,101 y 104 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, se encontraba en una reunión de jefes de bloque con los alcaldes cuando Castresana llegó al Congreso. “A mí no me entregaron nada. Mario Taracena tendrá que ver si las plantea como iniciativa de ley. Supongo que buscan diputados para ver si las plantean como propias”, dijo.
Taracena se comprometió a impulsar las reformas de la CICIG. “Si es necesario para agilizar el trámite, la presentaré como propia”, confirmó.
Agregar comentario:
5 comentarios: