El Congreso se declaró en sesión permanente, hasta que finalmente ayer fue aprobada por artículos y redacción final la Ley de Acceso a la Información Pública, que deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Colom.
Aun cuando en las postrimerías de la aprobación de la Ley, los patriotas abogaron por que sus 73 artículos entraran en vigencia 90 y no 180 días después de su publicación, la propuesta no tuvo eco.
“¡Seamos audaces, agresivos, exijamos a las autoridades, a los alcaldes, a la Corte, al Ejecutivo para que la Ley de libre Acceso sea una realidad!”, dijo la jefe de la bancada patriota, que propuso una enmienda por sustitución total al Artículo 70, para que el tiempo de entrada en vigencia se redujera.
Los diputados Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, y Héctor Nuila, de URNG, abogaron por que se respetara el plazo establecido en las reuniones de jefes y subjefes de bloque, que previamente se celebraron y durante las que se hicieron 63 enmiendas.
La Ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación, con excepción del artículo que establece la exigencia de que los sujetos obligados –instituciones y personas individuales o jurídicas que administran recursos públicos- ofrezcan información. El otro apartado que entrará en vigor inmediatamente es el que crea las unidades de información.
El diputado unionista Mariano Rayo también abogó por que el plazo fuera respetado: “¡No es lo mismo montar una unidad de información en una municipalidad de Huehuetenango, que las que se requieren en las de Guatemala!”, exclamó, mientras hacía acopio de otros ejemplos como los del reto de organizar estas en las distintas carteras.
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