Entrevista: “La ley que obliga al funcionario a rendir cuentas”

Con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, un funcionario público tendrá diez días para brindar la información y, de no ser así, la normativa contempla sanciones administrativas y penales.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, considera que se promoverá la transparencia en la administración pública.

¿Qué significa la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública?
– Es el primer paso firme para promover la transparencia en la administración pública en Guatemala. Es un cambio estructural porque desafortunadamente la agenda de transparencia en el Legislativo nunca ha sido una prioridad.

¿Cómo se logrará que esta ley sea operativa?
– Lo que nos queda en estos seis meses es incrementar la demanda, capacitar y entrenar a periodistas a nivel nacional, así como a organizaciones y grupos locales para que la utilicen en su trabajo diario para conocer cómo se ejecutan los proyectos en sus comunidades. El reto es para que la ciudadanía utilice esta ley para defenderse de los abusos y de la discrecionalidad.

¿La información siempre ha sido pública, en qué cambiará con la ley?
– Antes la información era pública, pero no se obligaba al funcionario ni había delitos establecidos que lo castigaran por no darla. Anteriormente, el precepto constitucional estaba sin dientes, porque no se podía sancionar administrativa o penalmente al funcionario que se tardaba lo que quería para brindar la información.

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