Para cuidar los recursos del corazón de la biósfera maya, no sólo se necesitan pantalones bien abrochados.
Por: Paola Hurtado
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Un grupo de guardarrecursos del Parque Nacional Laguna del Tigre detectó en abril de este año a dos camiones cargados de gente, inmersos en la selva petenera. Eran 60 familias provistas de comida y algunos enseres, dispuestas a adueñarse de una porción de tierra. Los guardabosques tuvieron suerte. Los invasores entendieron que estaban en un área protegida por el Estado, y les creyeron que más adelante encontrarían un “grande y poderoso” equipo de refuerzos que los obligarían a irse. Era mentira. Más adelante la selva estaba desnuda y habría sido fácil ocuparla. Pero eso no lo supieron ellos. Sus camiones dieron la vuelta y regresaron por donde llegaron. En lo que va de 2008, los guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) han convencido a 260 familias de no ingresar a Laguna del Tigre. En la mayoría de casos lo consiguieron persuadiéndolos “a puras casacas”, admite el director del Parque, Rudy Quezada, un hombre que conoce bien las leyes de la biosfera maya: cuando el recurso para protegerla es escaso y mucho más débil que las fuerzas dominantes, las exageración es de las pocas armas disponibles. Laguna del Tigre es un parque nacional de 335 mil hectáreas, en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, y ubicada a 800 kilómetros de la capital. Es el área de conservación estricta más grande de Guatemala, y el mayor humedal protegido de Centro América. Es hábitat de 300 especies de mamíferos, aves, anfibios y peces, entre las que destacan poblaciones en peligro de extinción como la de jaguar, guacamaya roja, mono aullador, tapir y tortuga blanca. En esta tierra de todos y de nadie, 65 guardarrecursos del Conap deben encarar a invasores de tierra, cazadores de animales, traficantes de droga, contrabandistas de madera y comunidades asentadas en zonas prohibidas. A lo largo de 521 kilómetros lineales también conviven con emigrantes que van de paso y se quedan, enfrentan incendios provocados adrede, venta ilegal de tierras estatales, cambios del uso del suelo, pesca no autorizada y saqueadores de sitios arqueológicos. Su trabajo no sólo es complicado, sino casi inviable: hay un guardián por cada 51 kilómetros cuadrados de selva espesa e ingobernable. Inquilinos no invitadosEl puesto de control que resguarda la entrada sur del Parque es una caseta de madera, a orillas del río Sacluc. Ahí se vigila el paso de vehículos y personas que transitan por la carretera que atraviesa el Parque y conduce a las instalaciones de la petrolera Perenco. Una frágil talanquera detiene el paso y cuatro guar-darrecursos registran a los transeúntes. Pero la mitad del mes sólo hay dos de ellos, debido a los turnos del descanso.El dúo de la semana pasada lo conformaban Saúl Álvarez, un cándido muchacho de 23 años, y el sexagenario José Manuel Vila. Los guardarrecursos no tienen armas. Su amparo es la Ley de Protección de la Laguna del Tigre. “Un patojo y un anciano... seamos sinceros, lo que menos dan es miedo”, admite Quezada, quien hace malabares para cubrir con 65 guardarrecursos un área que debería estar cubierta al menos con 300. Al experimentado José Vila lo han secuestrado dos veces en la selva. Una vez, durante 36 horas, por intentar retirar a una comunidad de invasores y la segunda, cuando él y su grupo descubrieron en la montaña a un hombre apodado El Pescado, que abría una brecha de árboles derribados. Los vecinos del saqueador los amarraron todo el día. Cuando se declaró área protegida a Laguna del Tigre en 1990, se prohibió la presencia humana permanente, a pesar de que ya había siete comunidades asentadas. De acuerdo con un informe de Parks Watch, una institución que estudia los parques nacionales en América Latina, hasta 1996 el Conap no tuvo ninguna presencia en Laguna del Tigre. En 1997 intentó el desalojo de dos comunidades que reaccionaron tomando a funcionarios de rehenes hasta que el Gobierno aceptó que se quedaran y firmó “convenios de intención”, para que hicieran uso adecuado de los recursos. Pero los acuerdos fueron “un fracaso absoluto” porque el Conap no tiene capacidad de controlar todas las actividades humanas en el Parque. En Laguna del Tigre hay ahora 30 comunidades y más de 10 mil habitantes, según el último censo. El crecimiento desmesurado de las poblaciones se dio entre 2000 y 2004, los años “del abandono”, cuando se redujeron tanto los recursos para las áreas protegidas que sólo quedaron seis guardarrecursos por turno en este lugar. Los invasores aprovecharon la guardia baja y al declararse la Ley de Emergencia para la Defensa del Parque en 2004, fue tarde para desalojarlos. Con el Decreto 16-2004 se le asignaron Q5 millones al Parque para las acciones de rescate más urgentes: se incrementaron a 70 los guardarrecursos, les compraron vehículos y equipo, y se montaron nueve puestos de control. Llegaron los militares y los policías de la Dirección de Protección a la Naturaleza (Diprona) para dar seguridad y hacer detenciones. La Ley establece que el presupuesto de Laguna del Tigre no puede ser menor a Q3 millones anuales. Y esa es la cantidad con la que funciona. Más de Q2 millones se utilizan en pagar salarios y los ocho puestos de control existentes no se dan abasto para contrarrestar las amenazas. Según Parks Watch, las perspectivas más optimistas apuntan a que el Parque perderá en los próximos años, entre el 40 y 50 por ciento de su área en beneficio de los ocupantes ilegales. A Reginaldo ya lo sacamos nueve veces“Muchos preguntan: ¿Para qué proteger a Laguna del Tigre, si ya se perdió todo?, pero es mentira, aún quedan miles de caballerías que deben cuidarse”, defiende Quezada, quien ha trabajado en el área por más de 10 años.Los guardarrecursos hacen patrullajes semanales de corto alcance alrededor del puesto de control. Así descubren pistas de aterrizaje, caminos clandestinos y trasmallos que atraviesan el río San Pedro, a pesar de las vedas de pesca. Desde 2006 los guardianes apuntan en una boleta qué animales observan. Al departamento de vida silvestre le sirve para llevar estadísticas de la biodiversidad. Al menos dos veces al mes, el técnico de cada área coordina patrullajes de largo alcance en los que participan soldados, policías y guardarrecursos. Un mínimo de 30 personas se sumerge en la selva durante una semana. Este año consiguieron la detención de 23 personas, principalmente contrabandistas de madera. Son estas “hormigas” los ojos y los oídos del Estado en las áreas protegidas. La mayor parte de los calurosos días transcurren sin novedades. Pero los alborotos son cosa seria. Marlon Hernández, un petenero que roza los 40 años y es guardarrecursos desde hace 13, estuvo a punto de morir quemado en diciembre pasado, cuando atendieron una denuncia de saqueo de madera. En el camino los emboscaron más de 200 personas. El fiscal huyó en su vehículo, pero recibió un disparo en la espalda. A los guardabosques les quemaron el picop. Tuvieron que correr y esconderse cuatro horas en la montaña. “Nos dolió perder el carrito. Pero aquí estamos, seguimos y no nos damos por vencidos”, dice el petenero de colochos brillosos. En muchas áreas de la selva petenera, trabajar para Conap es igual a ser “el enemigo”. A un guardarrecursos –que ya renunció- lo tuvieron dos días atado a un tronco y sumergido en una laguneta, recibiendo orines y patadas. Las comunidades los retienen, explica Quezada, para negociar prebendas, como más tierra para cultivo, ingresar materiales de construcción o extraer recursos. La presión sobre Laguna del Tigre es permanente. Pero distinto a lo que informan las organizaciones pro campesinos, se queja Quezada, la mayoría de desalojos no son violentos. Y muchos de los invasores, subraya, son utilizados (o pagados) por finqueros que quieren adueñarse de tierra en el Parque, o por invasores “vividores” que los acarrean con falsas promesas. El Conap tiene identificado al líder de invasores Juan Pa Caal, un cobanero beneficiado dos veces con tierras del Estado a través de Contierra. Su modus es invadir, vender y volver a organizar campesinos necesitados de tierra. También está fichado Reginaldo Rodas Cuestas, a quien desalojaron nueve veces de zonas protegidas. La multa por invadir un área protegida es de Q1 mil. “Es más caro insultar a un policía”, se queja Quezada. Débil respaldo políticoEl Informe del Estado de la Región (centroamericana) 2008 señala que las áreas protegidas carecen de respaldo político efectivo, lo cual da como resultado presupuestos y personal insuficientes para mitigar los impactos ambientales y frenar las actividades ilícitas. El crecimiento demográfico, la pobreza, las migraciones internas y las prácticas agrícolas condicionan la protección de la biodiversidad, resalta.Hablar de conservación estricta en Guatemala es casi una utopía, reconoce Julio Madrid, director de Vida Silvestre para Petén. Pero sí se puede hablar de una conservación sostenible: agricultura de subsistencia, uso regulado de los recursos y áreas libres de humanos. Los candidatos políticos, en época de elecciones tienen la culpa de que las áreas protegidas se vean como botines, critica. Aspirantes a puestos públicos en Petén ofrecen “liberar” a Laguna del Tigre de tantas prohibiciones, “porque los recursos no son del Gobierno, sino del pueblo”. Y ahí vienen los aplausos, los votos y más intentos de ocupaciones. La solución para asegurarle la vida a Laguna del Tigre no es tan fácil como extender los puestos de control. Si el Conap quiere abrir más tiene que restarle guardarrecursos a los existentes por falta de presupuesto. Además, no hay muchos que quieran un puesto pagado y repelido. Las jornadas de 22 días de trabajo y 8 de descanso desmotivan a cualquiera que no está acostumbrado a sumergirse en la selva. Los guardarrecursos ganan de Q1,175 al mes a Q1,700, según su tipo de contrato. No tienen derecho a jubilación y su seguro de vida es de Q20 mil. El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) impulsará en 2009 una iniciativa de ley para que se recategorice la carrera del guardarrecursos y tenga oportunidades de ascenso y aumentos salariales escalafonados, como los maestros, explica Rafael Maldonado, coordinador del Área Legal. “Es necesario reconocer el trabajo vital que hacen y subirles la moral; muchos se sienten abandonados”, detalla. Los Q5 millones que recibió Laguna del Tigre en 2004 fueron una asignación adicional. Pero en los años posteriores, el Conap ha absorbido los Q3 millones que consume el Parque y que constituyen el 6.5 por ciento de su presupuesto, explica Claudia Santizo, secretaria ejecutiva. El Conap controla las 243 áreas protegidas del país con Q47 millones. Logró que en 2009 le asignen Q62 millones de los Q132 millones que pidió. Eso significará más recursos no sólo para Laguna del Tigre, sino para toda la Reserva de la Biosfera Maya, el sur de Petén y otras áreas vulnerables, señala. Mientras eso ocurre, Salvador Quixchán prefiere seguir cuidando el puesto del Zacatal, a sus 72 años, que irse a su casa sin dinero. Ya no lo mandan a hacer patrullajes porque no está para andar corriendo ni pasando sustos. Se queda para atender la radio y darle mantenimiento al puesto. Muchos han sido sus compañeros de guardia, pero han “tirado la toalla”, cuenta. “Se van lueguito, a los pocos días, convencidos de que este trabajo no es para ellos. Ni para nadie”. |
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