Aprobar la Ley de Acceso a la Información no fue fácil para el Congreso. La razón es más simbólica que práctica. El simbolismo es ceder poder a la sociedad. El poder, como se sabe, no se regala, se disputa. Para un Gobierno tampoco es panacea que su bancada pase la ley justamente al inicio de su gestión. Algún funcionario pudo haber aconsejado al Presidente promoverla en 2011 como legado a la próxima administración.
La ley al fin fue aprobada, tras ocho años y seis iniciativas frustradas, incluyendo una que introdujimos en 2001 y quedó engavetada en tercera lectura. La ley era necesaria y no sobreabunda la Constitución. Preservó la sustancia de la iniciativa que avaló la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró conceptos, estableció principios y dejó asentados ciertos procedimientos. En ese esfuerzo participaron varios actores de la sociedad –medios y ONG–, el Ejecutivo –el vicepresidente Espada– y, desde luego, el Congreso.
Tras ese simbolismo de la Ley de Acceso a la Información (el realismo es que el 80 por ciento de usuarios son empresas y abogados, y apenas el 20 restante periodistas y otros grupos sociales, según estudios realizados en países donde la ley está vigente) he mantenido filiación de causa. Por eso durante este año seguí el proceso que llevó a su aprobación el pasado día 23. Fue una ruta sinuosa, pues sin el escándalo de los Q 82.8 millones robados a través de MDF, hoy estaría probablemente escribiendo que la iniciativa se remitió a la agenda legislativa del próximo año.
Como sea, hay que rescatar el mérito de los actores, importantes unos y decisivos otros, para que la ley pasara. Rosa María de Frade, por su tenacidad. Nineth Montenegro, por su consecuencia y el amplio arco de fiscalización. Acción Ciudadana, por su constancia de principio a fin, apegada a una estrategia de operación flexible. Y hasta donde alcanzo a ver, Mario Taracena, el experimentado jefe de bloque de la UNE, quien en la etapa final pacientemente llevó “la chuchita al chorro”; además, al inicio, el compromiso del presidente de la Comisión que sacó el dictamen, Oliverio García del PP.
No es dañino, al revés, ayuda a la maduración del proceso democrático poner de relieve el trabajo positivo de una constelación de actores, aunque –en este caso– el conocimiento solo parcial de los entretelones me lleva, irremediablemente, a cometer la injusticia de omitir o no dar su dimensión cabal a más de alguno de ellos.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Ataques personales, insultos, acusaciones o faltas de respeto
Mensajes incoherentes, sin objeto alguno o comerciales
Mensajes con spam, lenguaje sms o escrito todo en mayúsculas
Mensajes con contenido racista, sexista, o cualquiera que discrimine
Mensajes de contenido pornográfico
Piratería, o mensajes que permitan el uso ilícito de material con derechos de autor
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
1 comentarios:
Edel Lopez: (2008-09-29 13:26:23 horas)
En esta nota falta el nombre de un diputado, quien de bajo perfil llevo a cabo la negociaciones en la mesa, creo que a Edgar Gutierrez no le pasaron bien la "información". Sin embargo, al final de cuentas se logro una ley regulatoria a nuestro derecho establecido en la Constitución Politica de la Republica, en funcion de pragmatizar dichas normas constitucionales al acceso de información.
SUBIR
1 comentarios: