Cuando el conflicto armado estaba en marcha, los oligarcas y su servidumbre empresarial se quejaban de que no podían arriesgarse a invertir en su país por la amenaza comunista. Cuando acabó el conflicto armado, en lugar de invertir y apostarle a un proyecto de desarrollo económico nacional, aplaudieron el ingreso de los capitales transnacionales –para cuyo dominio preparó el terreno la cooperación internacional por medio de los acuerdos de paz– y se hicieron socios minoritarios de las corporaciones que compraron sus empresas, contribuyendo así a la desnacionalización de la economía.
El desmantelamiento del Estado que resultó de esos acuerdos, debido a las privatizaciones fraudulentas y a la sustitución de los planes de desarrollo por la acción dispersa, divisionista y centrífuga de la cooperación internacional, se constituyó en campo fértil para que floreciera la corrupción institucional ligada al delito organizado, que hoy día le marca el paso a la cotidianidad de la ciudadanía, en un país sin más ley que la del más fuerte y con una sociedad política, una sociedad civil y un movimiento popular corrompidos por los financiamientos externos. Es decir, en un sangriento país de opereta.
Estos desarrollos involutivos tienen su origen en el truncamiento del proceso de modernización del capitalismo que, por medio de la creación de pequeños propietarios agrícolas como base de un proceso de industrialización y de un mercado interno dinámico, había emprendido la Revolución de 1944, la cual además quiso modernizar el Estado, democratizando sus mecanismos de ejercicio del poder.
Los efectos de esta involución pueden verse por doquier y, para muestra, un botón del campo educativo: el Artículo 23 (reformado) del Acuerdo Ministerial 436-2008, dice que: “si en la sumatoria de evaluaciones de una unidad o bimestre un estudiante no alcanza la nota mínima (60) se le asignará una actividad adicional que integre las competencias u objetivos correspondientes a la misma. El resultado que obtenga en esa actividad adicional sustituirá la nota registrada con el menor puntaje”. En otras palabras, el sistema educativo legaliza la promoción académica de quienes no culminan sus estudios sabiendo lo que deben saber, lo cual equivale a legalizar la impunidad y a fomentar la mediocridad cultural y política corrompiendo la educación.
¿Qué hacer con un país así, y en el que además no existe una sana comunicación política intergeneracional que promueva una tradición de lucha? Para discutir cómo salir del marasmo resultante de la victoria de la derecha en el conflicto armado, tendrá lugar el “Primer conversatorio político intergeneracional”, en el que se abordará el “Significado actual de la Revolución del 20 de octubre”, no con el fin de agobiarse con remembranzas nostálgicas de lo que pudo haber sido y no fue, sino con el propósito de partir de ese hecho histórico ineludible para diseñar los caminos actuales de la lucha por la emancipación de las mayorías y la modernización de la economía y del Estado.
Participarán, por la vieja guardia: Américo Cifuentes, Danilo Rodríguez, Carlos López Chávez y Carlos Enrique Wer, y por la guardia nueva: Mario Palomo, Mónica Mazariegos, Fernando Espina y Juan Carlos Carrera. Yo trataré de moderar, aunque la moderación no es lo mío. Este diálogo intergeneracional tendrá lugar en el Salón Cátedra I del Centro Cultural Universitario (2a. avenida 12-40, zona 1), el sábado 11 de octubre, a las 10 de la mañana. La entrada y la participación son libres.
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