El problema generado por las reformas o la Ley de Armas y Municiones ha creado en la población una despreocupación total, y ha dejado a los grupos interesados, sobre todo los que dependen del resultado para seguir manteniendo su ONG, que se insista en cambios que sólo afectarán los negocios y empresas que se dedican a la venta y el uso de las armas. Pero esto a la larga no va a cambiar en nada el estado de cosas que vive la población. Este es un tema que raya en la necedad de los opositores, por querer salirse con la suya. Estas personas, antes de todo, podrían aclarar dónde se compran los fusiles AK-47 y las municiones, pues el crimen organizado utiliza esta clase de armamento, y no es el Decam quien le autoriza su tenencia o portación. Escuchar a “expertos y expertas en armas” pronunciando argumentos falaces, molesta, pues creen que la población es ignorante: “Si se deja el manejo al Ejército, tendría la capacidad de investigar el tráfico ilícito de armas, lo cual compete a la PNC y al MP” (Carmen Rosa de León, directora de Iepades), diario elPeriódico del 12 de septiembre de 2008. Respetable señora: no es el Ejército el responsable de cumplir la actual ley; este no tiene absolutamente nada que hacer en el tema. La responsabilidad es del Ministerio de la Defensa; los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley les manda y, en este caso, la ley no faculta “al Ejército” para realizar investigaciones. El control de las armas siempre lo ha tenido el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, pues a ellos la ley los faculta para consignar a todo aquel que la viole. El Ministerio de la Defensa está facultado para el registro, tenencia y extensión de licencia para portación. Otra cosa es que la PNC no actúe de manera correcta y aplique la ley como debe ser. Tan sólo habría que preguntar a quienes han tenido la mala suerte de caer en uno de esos puestos de asalto, perdón, de registro, que coloca la PNC, y preguntarles qué les ha sucedido cuando les encuentran un arma y no tienen licencia para portarla.
También llama poderosamente la atención el interés y la insistencia del Ministro de Gobernación y de quienes lo acompañan en la petición de tener el control y manejo de los registros de armas en posesión de quienes han aportado sus datos a una institución a la que le tienen confianza. O quizás no sea el registro, posiblemente sea el dinero lo interesante. Me parece que lo correcto es que el Ministerio de Gobernación pueda tener acceso electrónico al archivo de registro de armas y huellas balísticas en poder del Ministerio de la Defensa, y que el acceso sea sólo y sólo para consulta, pues esto mantendría un doble control de registros para casos de investigación criminal. Lo mismo puede darse con el Ministerio Público.
Cuando el control que hoy ejerce la PNC sea efectivo y la ley sancione con drasticidad la portación ilegal de armas de fuego, entonces se darán cuenta de la inconveniencia de darle todo a una sola institución.
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