Resultó una sorpresa que, a más de cuatro años de su fuga hacia México, finalmente el ex presidente Alfonso Portillo Cabrera (FRG, 2000–2004) se entregara ayer al Gobierno azteca, que rápidamente lo trasladó por avión a Guatemala atendiendo una solicitud de extradición de las autoridades de nuestro país, cuya Fiscalía General lo acusa de peculado durante su administración por un monto de Q120 millones.
Anteriormente, la Suprema Corte de México rechazó la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Extradición Internacional en este caso, y de la facultad de la Cancillería para conceder la extradición, tal como argumentó la defensa del ex mandatario, por lo cual los órganos jurisdiccionales del orden penal y la propia SCJ resolverían en forma definitiva.
En su obra Derecho Internacional Privado, el tratadista Carlos Larios Ochaita indica que la extradición es la entrega por un Estado de un individuo, acusado de una infracción a la ley penal, a otro Estado que reclama su entrega. Lo actuado ayer por Portillo se denomina “extradición voluntaria”.
Es conocido que, tras su arribo a Guatemala, el ex presidente fue llevado directamente a la Torre de Tribunales. Pues Portillo se encuentra ya en el banquillo de los acusados y serán los tribunales de justicia los que en definitiva señalarán su situación jurídica, contando a su favor con todas las garantías que preceptúan la Constitución Política de la República y las leyes penales del país. Pero resulta penoso que, dadas las acusasiones en su contra, el simple pago de una caución bastante moderada, le permita al ex Presidente salir campante de los tribunales.
Nada hace tanto bien al prestigio del proceso democrático que se ensaya en Guatemala como el correcto enjuiciamiento del controvertido ex gobernante por parte de los tribunales del país. Sin embargo, con razón, son muchos los compatriotas que no creen que Portillo vaya a ser castigado finalmente. En todo caso, quien tenga que acusar que acuse, quien tenga que probar que pruebe, y quien tenga que sentenciar que sentencie con justicia. La presencia del ex presidente ante los tribunales guatemaltecos constituye un hecho alentador en la vida cívica y política de la nación.
Abona en contra de la impunidad y en favor de la transparencia. Pero es esencial que la justicia no se deje tentar por sus vínculos con la política en el país para favorecerlo.
Es sano para la convivencia democrática de los guatemaltecos que un ex presidente, acusado de la comisión de delitos penales por un gobierno posterior, no de naturaleza política, comparezca ante la majestad de la ley. Y ojalá que esa ley se haga respetar.
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