Ante la inseguridad que abate a los guatemaltecos, se han hecho cambios en la cúpula de la PNC, se ha depurado a sus elementos y se pide un incremento al presupuesto. ¿Es esto suficiente? El problema radica en la falta de políticas públicas integrales del Gobierno, en lo que se refiere al problema de la seguridad ciudadana. Es decir, programa de acciones del Estado, que representen la realización concreta de decisiones, la voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de reglas del juego, que se focalicen y ataquen las organizaciones del crimen que están en constante renovación. Las políticas públicas, que esencialmente son dinámicas, deben estar articuladas con las otras instituciones que tienen que ver con la delincuencia, tales como el MP y el Organismo Judicial. Sin la colaboración, cooperación y eficacia de estas instituciones, no puede existir política pública alguna, y ya se ve que estas –las instituciones- son inoperantes. De otro modo, cualquier esfuerzo de la administración pública sobre seguridad es estéril y desgastante.
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