Después de años peleando la batalla campal de extraditar a Alfonso Portillo para que respondiera ante la justicia guatemalteca por actos de corrupción millonarios, este martes fuimos sorprendidos con la noticia: el ex mandatario se había entregado “voluntariamente”.
En una extraña resolución, el juez del proceso estimó que no había peligro de fuga y le fijó una fianza irrisoria para el peso de la deuda que este hombre tiene con el pueblo de Guatemala. Todo el asunto supo muy mal y, por supuesto, nadie duda de que el resultado tan favorable para Portillo estaba cocinado de antemano.
Provoca una inmensa rabia decirlo, pero el sector justicia nuevamente le falla al pueblo de Guatemala, empujando un trecho más de nuestro destino hacia un insondable abismo. Desafortunadamente, mi afirmación no es una exageración. En las democracias modernas, el poder debe articularse alrededor de la noción de “Estado de derecho” para ser sostenible.
Cuando la relación del poder y del derecho se resquebraja, se cae en un peligroso desequilibrio. En nuestro país, el poder del Estado tiembla como un flan y lo que menos tiene es fortaleza, credibilidad y por tanto, sostenibilidad.
Todo aquél que logra reunir dos gotas de poder (o suficiente dinero) puede influir o comprar los fallos judiciales. Recordemos que en fechas recientes un Juzgado de Trabajo otorgaba al Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración, beneficios obscenos, solamente comprensibles bajo la lente de la corrupción. Lo peor es que este acto no fue insólito: las resoluciones dudosas de los juzgados de trabajo han impedido la depuración de instituciones cruciales como la Policía y el sistema penitenciario.
Lo más grave de la situación es que no existe una reacción efectiva por parte de la sociedad frente a un problema tan fundamental. La normativa que regula la corrupción en el sistema de justicia está hecha para fracasar. De hecho, ningún juez ha sido procesado y condenado por un delito de corrupción en los últimos diez años. ¿Qué pasa?
A mi criterio, la situación del sistema de justicia refleja una característica básica de nuestra sociedad: una premeditada impunidad que sirve a diversos grupos para mantenerse al margen de la ley y literalmente hacer lo que se les da la gana. ¿Quiénes somos las víctimas? Pues todos los ciudadanos sin canales de impacto efectivo hacia los sectores de poder, es decir, la mayoría de guatemaltecos.
Frente a la situación de violencia que nos agobia, dejemos ya de pensar en círculos. El asunto está tramado de una manera compleja, pero si yo tuviera que señalar a un solo culpable de la debacle institucional en nuestro país, origen fundamental de la violencia, yo pensaría en el sector justicia. Hacia allí debemos dirigir todo nuestro repudio.
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