Después del retorno de Alfonso Portillo al país, después de la modesta actuación del Ministerio Público en la comparecencia frente al juez Xitumul, después de la caución económica de Q1 millón dictada en beneficio del acusado, después de la declaración de la propia Fiscalía que encuentra inviable endilgarle al ex presidente otros delitos distintos a los que causaron su extradición, después que se reactivaran las fuerzas antagónicas que chocaron constantemente durante su gobierno; lo único que nos queda es alejarnos de las emociones para tratar de explicarnos lo ocurrido, acaso alcanzar alguna reflexión.
El ex presidente irá a juicio con grandes posibilidades de ganarlo. La acusación en su contra por peculado está precariamente sustentada, aunque el dinero en cuestión haya
desaparecido de las arcas públicas para ir a enriquecer a agentes de su gobierno. Óscar Berger y sus colaboradores y financistas habrán de preguntarse de qué tamaño fue su error al colocar en la Fiscalía a personas sin la preparación necesaria para la tarea encomendada.
El gobierno de Alfonso Portillo se opuso a una parte de la oligarquía nacional, al sector que orbita alrededor del grupo Gutiérrez–Bosch. También es cierto que Portillo privilegió a otros sectores de la oligarquía y a grupos de la economía emergente, algunos de ellos vinculados con mafias de distinto orden.Entiendo que por eso haya quienes descalifiquen los delitos que se le atribuyen a Portillo y que vean todo como una mera persecución política. Sin embargo, no es aceptable que pretendan exonerarlo de culpas porque, hipotéticamente, hayan sido igual de corruptos los gobiernos de la derecha empresarial (Arzú y Berger). La corrupción compartida no redime a nadie.
Durante el gobierno de Portillo se cometieron hechos injustificables en cualquier sociedad democrática. Él podrá salir libre de los tribunales, sea por impericia de sus acusadores o por la habilidad de sus abogados, o por los vínculos entre justicia y política que tanto le favorecen, pero aún tiene una responsabilidad política –y ética– por la cual responder.
En el Gobierno que lideró se robó dinero del Seguro Social; se perdió parte del patrimonio del Instituto de Previsión Militar y se desviaron fondos del Ministerio de Gobernación. Él, convertido ya en Presidente de la República, cobró cheques girados a su nombre por un gobierno extranjero. Fue sobornado por Taiwán. Su secretario privado cobró cheques de una empresa de telefonía celular, Comcel, a la cual se benefició con la rebaja de pagos a cuenta del Estado.
Bajo su mando, la Policía Nacional Civil sufrió un descalabro que se tradujo luego en la escalada más cruel de la criminalidad que haya vivido el pueblo guatemalteco. Hay un miembro de su estado mayor presidencial con sentencia firme por participar en el allanamiento de la casa de Jose Rubén Zamora.
¿Cómo puede Alfonso Portillo justificar estos hechos? Nada, ni siquiera las acciones de su gobierno a favor de amplios sectores de la población, atenúan la responsabilidad que le cabe.
Y nosotros, como sociedad, ¿cómo podemos explicarnos que un líder electo por la vía democrática permitiera –en el mejor de los casos– que ocurrieran esta clase de abusos?
Me pregunto si tenemos viabilidad como sociedad organizada en un Estado y como pueblo que se respete a sí mismo.
A algunos de mis lectores les irrita mucho que compare a Guatemala con Costa Rica. Permítanme recordarles que, por mucho menos, un ex presidente de aquella nación, quien ya había sido electo Secretario General de la OEA, fue retornado a su país, conducido a prisión y se le siguió el debido proceso.
Alfonso Portillo es un político que –visto con la mayor benevolencia– defraudó la confianza que su nación depositó en él. De esa sentencia no puede exonerarlo nadie.
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