Magistrados deberán decidir si ratifican o modifican la decisión del juzgado que le fijó Q1 millón al ex mandatario, quien quedó en libertad.
Por: Kenia Reyes
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Los magistrados de la Sala Tercera, Noé Moya García, Carlos Álvarez López y Herberth Valencia Aquino, conocerán los recursos de apelación que presentarán por separado el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación (PGN) que impugnarán la decisión del juez Julio Jerónimo Xitumul, quien otorgó libertad bajo fianza de Q1 millón al ex presidente Alfonso Portillo Cabrera. Portillo fue vinculado a proceso por peculado, luego de autorizar la transferencia de Q120 millones al Ministerio de la Defensa, suma que desapareció de las arcas del Estado. El ex mandatario ha explicado que él no era el responsable de ejecutar el manejo de fondos y que no existe un reparo de parte de la Contraloría General de Cuentas sobre el manejo del dinero. El jefe de la Unidad contra la Corrupción, Omar Contreras, explicó que “él no tenía derecho a fianza, pues nunca acreditó que es una persona de arraigo en el país”. “El juzgador no tomó en cuenta el monto por el cual está acusado el ex presidente; la fianza no corresponde a lo defraudado al Estado. Creemos que se le debió imponer como mínimo Q6 millones, pero será la sala la que decida”, refirió Abraham Baca, vocero de la PGN. Entre las evidencias dentro del expediente de Portillo se encuentra una copia de los cheques cobrados por el ex jefe de la subdivisión Financiera del Ejército, Juan José León Pineda (asesinado en marzo de 2004), así como la copia de las boletas de depósitos realizados al Crédito Hipotecario Nacional, donde el presidente de esa entidad, José Armando Llort, recibió Q34.8 millones de los Q120 millones. El dinero sería utilizado para cancelar sobregiros en que habría incurrido Llort. Existe también una nota enviada por el ex ministro de finanzas, Manuel Maza Castellanos, firmada el 26 de febrero de 2001, en la que consta que el dinero fue acreditado al renglón 285, denominado “materiales y equipos diversos”, dentro del presupuesto de ingresos y egresos de esa entidad. Los casos en suspensoLos 12 expedientes penales, iniciados contra Alfonso Portillo en diferentes juzgados del ramo Penal, deberán esperar su turno, debido a una cláusula establecida en el convenio de extradición firmado entre Guatemala y México.La misma situación ocurre en el ramo Civil donde existen al menos 30 procesos, en su mayoría iniciados por su ex financista, el banquero Francisco Alvarado Macdonald, quien le ha requerido el pago por el alquiler de la vivienda que ocupó en la zona 14. El vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Melgar, refirió que no se sabe si estos están vigentes. México entregó a Portillo por peculado. Luis Ramírez, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, explica que la responsabilidad de no solicitar su extradición por otros hechos ilícitos recae sobre el ex presidente, Óscar Berger, y el ex fiscal general, Juan Luis Florido. “El proceso de Portillo es uno de los tantos casos de corrupción. Lo importante aquí es someterlo a un juicio y que demuestren las pruebas, y si es culpable que lo condenen. Allí queremos estar todos para ver lo que sucede”, recalcó. El docente de la universidad Rafael Landívar, Carlos Pop, dijo que los casos antiguos sufrieron un “impasse” por los efectos del tratado. “Pero cuando esto se resuelva, pueden continuar los demás expedientes”, dijo. |
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